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madera preciosa. Sin embargo, miles de ex-combatientes se quedaron en el desempleo
y muchos de ellos pasaron a engrosar las filas de los recompas. Ahora, cuando el
Ejército pretende desarmar a los recompas, estos denuncian que los oficiales se apropiaron
de empresas militares.
Con las cifras en la mano, el Ejército nicaragüense es en estos momentos el más
pequeño de Centroamérica. En 1990 hubo una reducción del cincuenta por ciento que
dejó las filas militares en 41.000 efectivos según datos oficiales. En 1991 hubo una
segunda reducción a 28.000 hombres, y este año habrá otra reducción de unos 750
oficiales. De los 68.000 militares que fueron "compactados", 5.000 recibieron un total
de 10 millones de dólares en compensación.
A cambio, el Ejército de Nicaragua logró una total autonomía respecto al poder
civil. Según Rafael Solís, el general Ortega empezó a preocuparse por asegurar el
futuro del Ejército calculando la posibilidad de una derrota electoral del Frente
Sandinista. En las semanas previas a las elecciones, un equipo interno del Ejército
asesorado por Solís, que entonces era vice-presidente de la Asamblea Legislativa,
elaboraron una Ley Orgánica del Ejército. Esta ley estableció institucionalmente la
separación entre el Ejército y el partido sandinista, y jerarquizó las estructuras, los
rangos y escalones.
Según esta ley^1 jefe del Ejército no sería nombrado por el poder civil, sino por un
consejo militar cuya existencia es desconocida por la opinión pública nicaragüense.
Este mecanismo similar al usado por el Ejército hondureno, es el que garantizó que el
general Ortega continuará al frente del Ejército con la llegada del Gobierno de Violeta
Barrios. La ley fue firmada por el presidente Daniel Ortega antes de las elecciones
durante un receso de la Asamblea Nacional.
«La ley prácticamente da facultades al Ejército como un ente autónomo, con vida
jurídica propia. Fue una garantía de estabilidad para el Ejército y los mandos militares,
porque cuando la presidenta Violeta Barrios asumió se encontró con la ley establecida.
De alguna manera esta ley también fue decisiva en las negociaciones para la transición
de poden>, explicó Solís.
Aunque en 1991 la ley se reformó, entregando al Ejecutivo poder para nombrar al
jefe del Ejército, la presidenta tiene que escogerlo según la propuesta del consejo
militar; lo cual sigue siendo suficiente garantía para Humberto Ortega, nuevamente,
estas reformas se decretaron durante el receso de la Asamblea Legislativa.
De esta manera, el general Humberto Ortega garantizó la estabilidad de una institución
militar reducida con un pequeño cuerpo de oficiales altamente profesionalizado y
que aceptan sin dudas su liderazgo. Desde entonces, el Ejército se ha preocupado de
pasar a un segundo plano, y no intervenir mucho en la vida pública del país. Sin embargo,
esto parece ser una falsa imagen, ya que el general Ortega con el poder que le
sigue dando el control del Ejército, maneja tras el telón muchos hilos de la política en
Nicaragua.
Pensamiento Propio/ Marzo de 1992/ Managua
32 VIENTO SUR Número 3/Juniol992