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Tomando las precauciones históricas
adecuadas, mantenemos que podemos rastrear
la emergencia de un recrudecimiento frontal del
racismo antigitano europeo contemporáneo en
los sucesos acaecidos durante el mes de Mayo
del año 2008 en la ciudad de Nápoles, Italia.
Según el relato oficial, una jovencísima
mujer gitana rumana de 16 años de edad
intentó, supuestamente, secuestrar a un
bebé, penetrando en hogar ajeno. Como
consecuencia del rumor, numerosos poblados
gitanos fueron incendiados mientras mujeres,
hombres, ancianos y niños eran agredidos
deliberadamente por la masa de ciudadanos
y ciudadanas italianos racistas, armados con
cócteles molotov y piedras. Las organizaciones
de ciudadanos y ciudadanas aseguraban
que el ataque no era casual: las empresas
constructoras al servicio de la mafia napolitana
sacarían un gran provecho económico
construyendo viviendas sobre el suelo en el que
se encontraban los poblados incendiados.
Posteriormente, las autoridades justificaron el
odio racial predominante a través de reiterados
llamamientos públicos a la conservación de
la seguridad nacional frente a la delincuencia
extranjera.
Los discursos abiertamente racistas del líder
de la Liga Norte, Umberto Bossi, encontraron
eco, no sólo en los actos violentos de la masa,
sino en las posturas mantenidas desde las
alcaldías y el gobierno italiano. Tras visitar la
ciudad de Nápoles, la eurodiputada gitana
húngara Viktoria Mohácsi, acertaba en el centro
de la diana aseverando que las autoridades
italianas utilizaban a la comunidad gitana “como
cabeza de turco para eludir sus incompetencia
y responsabilidad en combatir la delincuencia
nativa de la ciudad italiana, esto es, la camorra
napolitana” (Mª José Fernández Torres, 2009).
Como efecto de todo ello, el primer ministro
Silvio Berlusconi, vulnerando toda la normativa
de la UE en torno a las migraciones, advirtió
que, mediante diferentes decretos que entrarían
en vigor en los tres meses sucesivos, se
tipificaría la «inmigración ilegal» europea como
delito, castigado con penas que irían desde
los seis meses a los cuatro años de prisión.
Además, la expulsión de inmigrantes se haría
de forma simplificada y más rápida que hasta
el momento. Para llevar a cabo con éxito su
empresa, Silvio Berlusconi y Roberto Maroni
ordenaron la elaboración de censos rigurosos
sobre la población gitana en Italia y autorizaron
la conformación de patrullas de voluntarios para
“controlar a las gitanas y gitanos”.
La consecuencia de todo este proceso: La
organización EveryOne reportaba el vertiginoso
descenso de 120.000 personas gitanas en Italia
en tan sólo un año . ¿Dónde fueron a parar?
Lógicamente, un número altamente elevado
de ellas intentaron volver a sus países de
origen, Rumania y Bulgaria, lo cual provocó un
bochornoso conflicto público entre los gobiernos
de Italia y Rumania, paradójicamente a causa de
su nexo en común: el antigitanismo. El Ministro
de Exteriores de Rumania en el momento, Adrian
Cioroianu, afirmó “Me pregunto si es posible
comprar una parte del desierto en Egipto para
enviar a los gitanos allí”.