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Ensenada, entre otros. El 22 de Enero de 1772
es sometido a la consideración del rey Carlos III
un anteproyecto legal con minuciosas medidas
para la reducción social de los Gitanos. Uno
de sus artículos menciona las que con análogo
propósito se ejecutaron durante el reinado de
Fernando VI, inmediato antecesor de Carlos.
Señalará éste a sus consejeros la conveniencia
de borrar la mención, alegando que cuánto
entonces se llevó a cabo “hace poco honor a la
memoria de su hermano.”
El 30 de Julio de 1749, bajo los auspicios de un
importante ilustrado y Secretario de Hacienda,
Marina e Indias −el Marqués de la Ensenada−
y el gobernador del Consejo de Castilla −el
obispo Vázquez de Tablada−, los poderes
públicos del reinado de Fernando VI se pusieron
manos a la obra para desarrollar su plan. Tras
haber conseguido sus objetivos en cuanto a la
sedentarización de las comunidades gitanas,
habiéndoles prohibido el movimiento libre y
después de hacer desaparecer el derecho
de asilo del que las familias gitanas gozaban
en determinadas iglesias, las condiciones de
posibilidad eran propicias. La operación consistía
en privar de libertad en un solo día a todos los
gitanos y gitanas del reino por el hecho de ser
gitanos. La intención, extinguir por completo
a la comunidad. Aproximadamente 12.000
personas fueron capturadas y recluidas. Los
hombres, a partir de 15 años serían destinados
a los arsenales para trabajar forzosamente en
la construcción de navíos; las mujeres junto
a los menores de 12 años serían utilizadas en
fábricas-prisión donde, a través de su trabajo,
sufragarían su propio mantenimiento hasta la
misma muerte. Los gastos de la operación serían
pagados subastando los bienes de las familias
gitanas detenidas.
Sin embargo, a causa del celoso secretismo
con el que fue puesta en marcha aquella
infame redada, las quejas sobre la dificultad
de alojar, alimentar y rentabilizar todas aquellas
vidas recluidas y esparcidas por los diferentes
puntos de la geografía española no se hicieron
esperar. Pronto, las administraciones se vieron
desbordadas y obligadas a suspender el
traslado de detenidos y detenidas. Ante las
dificultades manifiestas, fueron muchos los
que sugirieron la deportación a América como
posible solución. Sin embargo, el Marqués
de la Ensenada objetaba los siguientes
inconvenientes: “Primero, De que si en España
viven mal, en Indias vivirán peor, y pervertirán a
los pobres indios; 2º, Que como gente atrevida
tiranizarán a los del rey, [y] será menester
enviar tropa para sujetarlos; 3º, Que se unirán
con ingleses, franceses y demás extranjeros
para facilitar el comercio ilícito; 4º, Que serán
como los mamelucos de San Pablo de el Brasil,
que han destruido tantos pueblos cristianos
haciéndolos esclavos, y vendiéndolos a las
naciones”. De esta manera, la posibilidad de la
deportación a América fue desechada.
A causa del etnocentrismo galopante que
imbuía –e imbuye– la historiografía convencional
sobre el pueblo Gitano en el Estado Español, la
«Prisión General de los Gitanos» sigue siendo
un fenómeno ampliamente desconocido a nivel
popular y, en muchos casos, incluso a nivel
académico. Sin embargo, todo indica que las
innumerables y complejas consecuencias
de aquel miércoles bárbaro de la historia
gitana siguen ejerciendo una gran e
insospechada influencia en la vida actual de
las comunidades romaníes.
Dicho lo cual, no es osado insinuar que tales
consecuencias, especialmente en Andalucía
Occidental, lugar de residencia de una gran
mayoría de las calís y calós andaluces,
contribuyeron al desarrollo de ciertos rasgos
estéticos, poéticos y culturales que más
tarde desembocarán en la conformación
definitiva del universo artístico flamenco.
Los desplazamientos filosófico-económicos
derivados del colonialismo a lo largo del siglo XVIII