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en Europa por la honestidad y firmeza que lo
motiva, Erik Ullenhag, ministro sueco, anunciaba
la próxima publicación del texto en el que se
podría constatar cómo durante el siglo XX “las
poblaciones gitanas han sido víctimas de
ataques inaceptables, como la esterilización
forzada y la privación del derecho a la
educación a los niños. Si realmente queremos
avanzar, es importante que pongamos punto y
final y que el Estado reconozca las injusticias que
se han cometido” mantenía. (Vox Europ, 2013).
La idílica imagen de uno de los estados mejor
considerados del continente era puesta en tela
de juicio a través de una reconsideración del
antigitanismo latente en su territorio. El informe
rebelaba, entre otras muchas cuestiones, la
práctica sistemática de segregación escolar
llevada a cabo por los sucesivos gobiernos
suecos, así como los métodos a través de los
cuales “Los organismos oficiales se hicieron
con la custodia de niños gitanos que
arrancaban a sus familias” (El País, 2014).
Sin embargo, las alusiones al pasado antigitano
de Suecia podrían llevar a equívocos ya que
los problemas derivados del racismo hacia
la población romaní en dicho territorio siguen
persistiendo. Así lo ponían de manifiesto los
descubrimientos llevados a cabo en 2013 por
Niklas Orrenius, periodista del diario Dagens
Nyheter, que destapaban la existencia de
un extenso fichero policial especial para
personas romaníes. En dicha base de datos
constaba un exhaustivo censo de 4.029 gitanos
y gitanas, así como de su origen genealógico
y relaciones familiares. Entre las miles de
personas fichadas, se encontraban numerosos
niños y niñas de dos años de edad. Días
después, el propio Niklas Orrenius descubría
otro censo de casi mil personas entre las
que se encontraba la “activista y asesora de
cuestiones romaníes para el Consejo de Europa,
Soraya Post” (Informe Raxen, 2013). Ante las
acusaciones de las organizaciones romaníes
y contra el racismo, la policía se limitaba a
responder afirmando que “se trata de un archivo
y no un registro, y que fue creado a raíz de
una disputa familiar en un pueblo de Escania”
(Informe Raxen, 2013).
El diario Periodismo Humano, recogía las
declaraciones sobre la situación de la población
romaní provocada por el antigitanismo en
Portugal efectuadas en 2011 por Lydia Gall,
abogada del ERRC, tras visitar la ciudad de
Lisboa: “en Portugal se llegó al extremo de
levantar muros que segregan a los gitanos,
quienes se ven obligados a vivir en barrios sin
agua potable, escondidos detrás de colinas,
sin accesos viales y ocultos desde la carretera
en varios municipios del país. La constante
humedad debido a las infiltraciones de agua
provoca serios impactos en la salud de esas
personas, tales como problemas respiratorios
en niños y niñas de cuatro o cinco años”,
denunció. Citó el caso extremo de Beja, 180
kilómetros al sur de Lisboa, donde se construyó
un barrio social “con un muro de separación,
lejos del centro urbano y cerca de una
perrera, cuyas aguas residuales mezcladas
con excrementos de animales pasan por
las viviendas, con obvias consecuencias para
la salud de sus habitantes”. Otra situación
preocupante es la de Rio Maior, 85 kilómetros
al norte de Lisboa, “donde 14 familias gitanas
fueron colocadas en casas precarias de
madera, encima de una dañina mina de
carbón y separadas por un denso bosque
del resto de la población”, detalló Gall. En
Vidigueira, 160 kilómetros al sur de Lisboa, existe
una comunidad que vive detrás de unas ruinas