Vivienda latinoamericana - HDRNet

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presupuestales del estado. Es reducido el aporte inicial
que da el estado por medio de créditos para pies de
casa o viviendas mínimas, núcleos básicos o viviendas
semilla. Por lo tanto, los sectores populares recurren a
otros recursos disponibles que son informales: la compra
y acumulación paulatina de materiales, el trabajo
voluntario, los préstamos familiares, esfuerzos que
habitualmente no se aportan a la producción formal
de la vivienda terminada. La vivienda progresiva permite
la canalización de recursos sociales adicionales a los
presupuestos gubernamentales.
PROPUESTAS GENERALES
Estado
La actualidad exige nuevos términos de realización de
la vivienda, distintos de los procesos formales y
convencionales conocidos. Los intentos de promover
políticas facilitadoras de los procesos de
autoproducción organizada de vivienda sólo son
factibles si se cuenta con medidas alternativas que
resuelvan la escasez de recursos tanto de las
organizaciones sociales como de los organismos de
gobierno, con políticas distributivas directamente
proporcionales a la estructura y amplitud de la
demanda.
El estado debe participar en los procesos de vivienda
por autogestión concibiendo políticas como un medio
de transferir fondos a clases más necesitados y creando
canales institucionales que destinen recursos para
apoyar los procesos cumpliendo así con los objetivos
de una distribución más justa de la riqueza socialmente
generada. Actualmente, el estado debe de vigilar que
los proyectos de desarrollo basados en la inversión
extranjera contengan fondos que puedan ser
destinados para financiar vivienda y servicios para la
población empleada. Las normas y reglamentaciones
existentes deben ser adecuadas a la realidad del hábitat
popular, así como a los sistemas financieros. Estos últimos
deben lograr que la mayoría de los demandantes de
vivienda, los trabajadores eventuales sin ingresos
regulares, puedan ser considerados como sujetos de
crédito. Las normas y los mecanismos para la tenencia
del suelo y su comercialización deben agilizarse, para
garantizar al usuario su permanencia y propiciar con ello
las mejoras materiales en la casa y en el barrio.
Especialmente el estado debería de considerar la
vivienda progresiva como una categoría aceptada en
la legislación y en la programación de las inversiones.
Debe tener en cuenta que es necesario realizar el mayor
número posible de acciones en el rubro de la vivienda
popular con los recursos disponibles que siempre son
escasos en comparación con la amplitud de la
demanda. Sin embargo, esto no debe redundar en el
abandono de la aspiración social de acceder a una
vivienda óptima. Por el contrario, el proceso habitacional
debería de interpretarse como una acción permanente