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AGROPERÚ Informa Edición N° 15

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VOCES DEL CAMPO

priorizar la optimización del uso del

recurso hídrico en las cuencas de

esta región, planteó el titular de

la Dirección Regional Agraria

(DRA)-Ancash, Ing. Wilmer López

Camacho, junto a integrantes del

Comité de Gestión Agraria, que

participaron en una reciente reunión

virtual con el equipo técnico

de la congresista Lady Camones

Soriano. El director regional agrario-Ancash

indicó que existen

empresas hidroeléctricas que no

pagan por el uso del agua. Además,

solicitó ante el personal que es

necesario administrar la infraestructura

hidráulica en la región y,

de darse el caso, poder crear una

primera institución regional en

todo el país. “Nuestro trabajo es

ver y atender las necesidades que

los agricultores de Ancash vienen

presentando. Este comité impulsor

del valle del Santa y Lacramarca

y la DRA-Ancash venimos gestionando

importantes acuerdos,

los que esperamos concretar muy

pronto. La creación de una Autoridad

Regional del Agua sería un

paso importante muy importante

porque nos permitiría aprovechar

y cuidar este importante recurso

para todos los valles y cuencas

de Ancash”, sostuvo el Ing. López

Camacho.

Titulación de tierras

Alrededor de 350 familias ubicadas

en los sectores de Chahuarcon,

Chingas, Vilcabamba, Chingas

Pampa y Chupan Ucro, en el

distrito de Chingas, provincia de

Antonio Raimondi, serán beneficiadas

con la entrega de 500

títulos de propiedad, a cargo de la

DRA-Ancash. Esto es el resultado

de 4-5 meses de intenso trabajo del

equipo técnico de esa institución,

en convenio con la Municipalidad

Distrital de Chingas.

Revista AGROPERÚ | Nº 15 | 2021 | Lima - Perú 101

Empezó el diálogo entre comuneros

de Aquia y Antamina

Una serie de lineamientos para la instalación de la Mesa Técnica de

Diálogo aprobaron la comunidad campesina de Aquia, distrito del mismo

nombre, provincia de Bolognesi, y la empresa minera Antamina, en el marco

de la primera reunión que se realizó el siete último, en esa comunidad, con

la participación de la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, integrada

por el secretario de gestión social y diálogo de la Presidencia del Consejo de

Ministros, los ministros de Energía y Minas y de Cultura, la Defensoría del

Pueblo y la Prefectura Regional. En ese encuentro se estableció el cronograma

y la metodología que seguirá la mesa de diálogo entre Antamina y los

comuneros de Aquia. El acta de reunión entre esa comunidad campesina y

la empresa minera fue suscrita por los representantes de ambas partes. Uno

de los acuerdos fue que la próxima reunión se realizará el 30 de noviembre.

Como se recordará el 24 de octubre, la comunidad campesina de Aquia inició

un paro indefinido que duró hasta el dos último, contra Antamina, a la que

acusan que viene utilizando ilegalmente sus territorios y contaminando los

recursos naturales (fuentes de agua y bofedales), usándolo como vertedero

de sus residuos sólidos, debido a que tras la construcción del mineroducto

en que trasladan sus minerales hasta la costa. Como consecuencia de esa

medida de protesta, Antamina suspendió sus operaciones, el 31 de octubre

para salvaguardar la seguridad de su personal y brindar la condiciones para

el inicio del diálogo con la comunidad. Por otro lado, el Sr. Rusbel Melgarejo

Flores, alcalde del centro poblado menor de Pichiu Quinhuaragra, distrito

de San Marcos, provincia de Huari, y presidente de las municipalidades de

centro poblados menores, señaló que al acabarse la licencia social otorgada a

Antamina (2001-2021), esa compañía minera debe firmar un nuevo compromiso

y un nuevo pacto social con las zonas de influencia directa e indirecta.

“La comunidad de Aquia no ha sido considerada como zona de influencia, a

pesar que por acá pasan los minerales, la fibra óptica, torres de alta tensión

de su hidroeléctrica. Por eso es que hemos solicitado la firma de un nuevo

convenio marco, pedimos que el 3-5% de las utilidades netas de Antamina

sea distribuido entre comunidades campesinas, juntas de regantes y organizaciones

de base, para ejecutar proyectos sostenibles de corto y mediano

plazo, para cerrar brechas en educación, mejorar el medio ambiente, ayudar

a los agricultores y ganaderos”, manifestó. Luego comentó que en 20

años de operación de la mina, las condiciones de vida de la población no

ha mejorado, por falta de adecuadas políticas de responsabilidad social de

la minera. Entretanto, la excongresista ancashina María Elena Foronda

Farro demandó acciones más firmes del Estado peruano contra la empresa

minera Antamina por los pasivos ambientales que ha provocado en diferentes

pueblos del corredor minero en Ancash. La exparlamentaria consideró

que estando a puertas de revisar la renovación de contrato con Antamina

por 30 años más, el Estado debería hacer “una revisión más exhaustiva” de

los pasivos ambientales mediante una auditoría ambiental independiente,

en vez de solo revisar el estudio de impacto ambiental

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