4062DPC_Trim_3-4_2014

Economia e diritto penale in Europa
María Acale Sánchez
3.2.2.
ciales internacionales se produzca de forma respetuosa con el principio de imparcialidad. La
lucha contra este fenómeno de la corrupción se produce pues en esta sede no con una finalidad
meramente altruista, sino completamente interesada, a los fines – como afirma TORRES
FERNÁNDEZ – de mejorar “el desarrollo y de la confianza en los mercados” 43 .
El compromiso que en esta sede se firmó fue el siguiente: “cada parte tomará las medidas
necesarias para tipificar como delito según su derecho el hecho de que una persona deliberadamente
ofrezca, prometa o conceda cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, directamente o
mediante intermediarios, a un agente público extranjero, para ese agente o para un tercero, con el fin
de que el agente actúe o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de funciones oficiales con el
fin de conseguir o de conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades
económicas internacionales”. No se aclaraba si con esa conducta se menoscaba un interés de la
Administración para la que trabaje el agente público o para el propio orden socioeconómico:
abierta quedaba esta cuestión.
Eje central del Convenio es el concepto de “agente público extranjero” que se define en el
art. 1.4 como “cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial de un
país extranjero, tanto por nombramiento como por elección; cualquier persona que ejerza una función
pública para un país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública; y cualquier
funcionario o agente de una organización internacional pública”.
La constatación de la relevancia que en las relaciones comerciales internacionales alcanzan
las personas jurídicas llevó al art. 2 a reclamar que cada Estado miembro procediera a sancionarlas,
eso sí, según su derecho interno, sin determinar de forma alguna la naturaleza de la
correspondiente sanción. A la vista de su contenido, puede concluirse que para las mismas se
reservarán sanciones penales, si se trata de un Estado que admita esta clase de responsabilidad,
recurriendo a otras sanciones en caso contrario, así como el decomiso del “soborno” o del
“producto de la corrupción” o el comiso sustitutivo a través de “bienes cuyo valor corresponda al de
ese producto”.
Y respecto a las consecuencias jurídicas a imponer a la persona física, el art. 3.1 prevé penas
“eficaces, proporcionadas y disuasorias”, similares a las que le corresponda al funcionario público
si con su conducta hubiera afectado a intereses nacionales, haciendo hincapié en las penas
privativas de libertad, “en el grado suficiente para permitir la asistencia judicial mutua efectiva y
la extradición”.
Reflejo en el Código penal español.
A través de la Ley Orgánica 3/2000, se incluyó en el Código Penal un nuevo Título, el
XIX bis, rubricado “de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”; en
la Exposición de Motivos de la ley de reforma se señalaba que con la incorporación al Código,
España saldaba la deuda que tenía asumida tras la ratificación del “Convenio de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado el 17 de diciembre de 1997”.
Posteriormente, la LO 15/2003 eliminó el Título XIX bis y reubicó su contenido dentro del
propio Título XIX en el que se castigaban – y se castigan – según su rúbrica “los delitos contra
la Administración pública”; con ello se ponía de manifiesto más claramente la naturaleza del
bien jurídico protegido en su interior. Finalmente, la LO 5/2010 ha procedido a incorporar
modificaciones de calado en la propia figura delictiva, a fin de – según establece su Exposición
de Motivos “acoger conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad,
así como regular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas que intervengan
en esa clase de hechos”.
A pesar de esa ubicación, difícilmente puede decirse que se trate de una conducta que
afecta a la administración pública española, ni europea, por lo que quizás el dato que ha determinado
que finalmente se incluyera en esta sede es que se trata de castigar conductas muy
43
M.E. TORRES FERNÁNDEZ, “Marco normativo internacional contra la corrupción”, cit., p. 172. J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI,
“Iniciativas internacionales contra la corrupción”, cit., p. 20; I. VALEIJE ÁLVAREZ, “Visión general sobre las resoluciones e iniciativas
internacionales en materia de corrupción”, cit., pp. 797 y ss; A. NIETO MARTÍN, “La privatización de la lucha contra la corrupción”, cit., p.
63; D. BENITO SÁNCHEZ, “Notas sobre la corrupción transnacional. Sus efectos y su combate”, cit., pp. 248 y ss.
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