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Destrucción a toda costa

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Análisis por Comunidades Autónomas© Foro social po la Defensa do Pobo, CangasRellenos en un dique de Cangas do Morrazo, Pontevedra.parecen dispuestos a cambiar en algo estasituación.El año pasado la Consellería de Política Territorialordenó la demolición de 212 construccionessituadas en dominio público marítimoterrestreo en suelo rústico e impuso multaspor un valor de 9,4 millones de euros. Por suparte, el Ministerio de Medio Ambiente, a travésde la Dirección General de Costas, tambiénha anunciado el derribo de viviendas y construccionesilegales que salpican la <strong>costa</strong> gallega.Las 47 casetas de Vilarrube, que llevabandos décadas edificadas ilegalmente, o elquiosco de Raeiros, también con casi 20 añosde expedientes, han desaparecido de la <strong>costa</strong>.Sin embargo, se aprecia que muchos de losplanes que ha presentado el Ministerio deMedio Ambiente en diferentes tramos de la<strong>costa</strong> gallega no se enfatiza lo deseado en ladesaparición de este tipo de construcciones.Desde Adega y la Sociedade Galega de HistoriaNatural se denunciaba el año pasado que elplan para la regeneración de O Vilar, Esmelle, AFragata y A Coviña, en Ferrol, se olvidaba de lademolición de los edificios ilegales en dominiopúblico marítimo-terrestre, como construccionesde madera y cemento y un camping en AsCabezas encima de un espacio de dunas.litoral gallego en las últimas dos décadasdebería ser una prioridad para el Ministeriode Medio Ambiente.¿Quién dijo prevaricación?Un caso curioso es el de la conselleirade Pesca, Carmen Gallego Calvar, queposee una vivienda a 72 metros de laorilla del mar en Vilaboa dentro de laservidumbre de protección del dominiopúblico marítimo-terrestre. Esta construcciónes una de las 80 de esta localidadpontevedresa que están en estasituación. La Xunta de Galicia ordenó lademolición del inmueble en el año 2000,seis años después de que la DirecciónGeneral de Costas abriera un expedienteadministrativo, pero el derribo nunca sellevó a cabo. En la actualidad se estábuscando una “formula jurídica” pararesolver este caso, ya que, debido a latransferencia de las competencias enesta materia, es la misma Consellería dePesca quien debe tomar la decisión finalsobre el expediente sancionador.Acabar con la multitud de viviendas y construccionesilegales que han surgido en el150

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