Destrucción a toda costa

Destrucción a toda costa 2006 Islas Baleares© Greenpeace/Voluntariado MallorcaObras de construcción del túnel para el nuevo acceso al Port de Sóller (Mallorca).Actuacionesen el litoralLa Comisión de Medio Ambiente del Congresode los Diputados aprobó el pasado mes demarzo una proposición no de ley instando alGobierno central a considerar Baleares comouno de los objetivos prioritarios dentro delprograma de adquisición de fincas del Ministeriode Medio Ambiente debido a las especialescaracterísticas de su territorio, muy vulnerablea la sobreexplotación de la costacomo consecuencia de la actividad turística.El Ministerio de Medio Ambiente estima queexisten cerca de 10.000 instalaciones privadasocupando el dominio público marítimo-terrestreen las Islas Baleares, de las cuales sólo500 han obtenido una concesión de la DirecciónGeneral de Costas.Una importante sentencia del Tribunal Supremoavala las tesis defendidas, casi siempre, por elMinisterio de Medio Ambiente de que el Estadodebe recuperar para el dominio público marítimo-terrestrelas zonas costeras que habiendosido parajes naturales ahora se encuentrendesnaturalizadas por haberse construido enellas. La sentencia tiene como objetivo apoyarel deslinde realizado por el Ministerio de MedioAmbiente en la isla de Formentera en 1997 yque fue impugnado por un gran número depropietarios. Una de las empresas denunciantesNigi SA argumentó el rechazo en base a quela zonas de litoral que ya estén consolidadascomo urbanas y hayan perdido su carácternatural impiden al Estado su recuperación parael dominio público, pero tanto la AudienciaNacional como el Tribunal Supremo se hanopuesto tajantemente a este argumento.Greenpeace y el GOB denunciaron el pasadomes de febrero ante la Fiscalía de MedioAmbiente de Baleares la construcción de unapasarela de madera de ipé dentro de lasobras de modernización de los accesos alParque Natural de la Albufera de Mallorca. Lamadera de ipé procede de la destrucción dela Amazonía brasileña, por lo que podríamosestar ante un delito ambiental recogido en elcódigo penal. La Fundació pel DesenvolupamentSostenible de les Illes Balears, responsabledel proyecto, no ha acreditado la legalidadde la madera. Greenpeace ha pedido alGovern que siga el ejemplo de otros ayuntamientosmallorquines y adopte una políticade contratación pública que exija madera procedentede la gestión responsable de los bosques,máxime cuando ya hay un grupo deempresas mallorquinas cuyo trabajo estáacreditado por el certificado forestal FSC 18 .En Formentera la empresa Formentera ClubSA sigue adelante con su proyecto para18 Las empresas mallorquinas importadoras, almacenistas y transformadoras de madera FSC son Carpintería Vicens SL, Comercial eIndustrial Bargar SA, Compañía Insular Mercantil SA (CIMSA), Mundiforest SL, Fustería Font SA, Grup Orell y M.Riera SA.167