Destrucción a toda costa

Análisis por Comunidades AutónomasUrbanizacióny turismoLa entrada en vigor de la Ley del Suelo en2001 daba un plazo de cinco años para quelos municipios adaptaran sus planes generalesde urbanismo a las nuevas disposiciones.A punto de agotarse el periodo deadaptación, sólo dos municipios, Santillanay Potes, han culminado este proceso. Ensituación parecida se encuentran las localidadesque tienen que adaptar su normativaurbanística al Plan de Protección del Litoral.La renuencia a llevar a cabo este proceso seexplica en base a que los municipios debendesclasificar como urbanos suelos que yano cumplen los requisitos que impulsa laLey del Suelo.La construcción en Cantabria en 2005 experimentóun crecimiento del 37% respecto alaño anterior. Municipios costeros comoSantander, Piélagos o Castro Urdiales fueronlos que concentraron la mayor actividadconstructora.Acompañando a este récord en el aumento dela construcción se encuentra la anulación porparte del Tribunal Supremo de los PGOUs devarios municipios como Alfoz de Lloredo,Santa Cruz de Bezana, Polanco o Colindres.Generadores de polémica, los llamados ProyectosSingulares de Interés Regional (PSIR)otorgan competencias al Gobierno de Cantabriapara aprobar los proyectos, propios opromovidos por la iniciativa privada, queconsidere de interés regional, por encima delo que disponga el planeamiento urbanísticodel ayuntamiento o los ayuntamientos dondeéstos se sitúan. Además, su aprobaciónrequiere muchos menos requisitos legalesque los planes urbanísticos convencionales.Uno de los más polémicos ha sido el PSIRde Ribamontán al Mar, donde una promotoraprivada pretendía construir dos camposde golf, 2.500 viviendas, un club social,una escuela de golf, un centro de talasoterapia,un centro hípico, residencias, hotelesy otros equipamientos, ocupando 5 millonesde metros cuadrados en el entorno de laplaya de Langre. Tras conocerse estos planesa través de la prensa, desde el Gobiernoregional se apresuraron a negar la tramitacióndel proyecto. Finalmente, la DirecciónGeneral de Ordenación del Territorio y Urbanismoha solicitado al consistorio de Ribamontánal Mar la retirada de este proyectode su PGOU.La sospecha de corrupción ha salpicadotanto al Consejero de Obras Públicas yVivienda, José María Mazón, como al propioPresidente del ejecutivo regional, MiguelÁngel Revilla, acusado de amiguismo en elPSIR planeado para la zona protegida de ElBojar (Camargo), donde cerca del 80% delos terrenos afectados son propiedad delGobierno regional (84.000 m 2 ) y de la sociedadOrbovisa (120.000 m 2 ), de la que formaparte el promotor y empresario MiguelÁngel Iglesias quien, al parecer, tiene una“amistad estrecha” con el presidente regional.La zona elegida para desarrollar laactuación urbanística supondría la creaciónde una “isla” carente de servicios e infraestructuraspara el millar de viviendas planteadas,algo difícil de entender ya que en elnúcleo urbano de Camargo existe suficientesuelo urbanizable para desarrollar unaactuación de estas características. El casose encuentra en los tribunales.El PGOU de San Vicente de la Barquera “resucita”el Plan Parcial Santa Marina, dentro delParque Natural de Oyambre, que plantea laconstrucción de 350 viviendas y un hotel delujo dentro del espacio natural protegido.También en este parque natural está previstala construcción de 3.000 viviendas en Boria,una zona de especial protección ecológica.En febrero se lanzaba una campaña en defensadel Parque Natural de Liencres (Piélagos)para tratar de frenar la destrucción de la laderanorte del Monte La Picota, que forma unaunidad paisajística y ecológica con el parquenatural. Los planes para La Picota incluyen laurbanización de una superficie de 200.000metros cuadrados.74