ELPMUNDOEDICION:

10
Desde Ecologistas en Acción se ve con excesiva
preocupación el aumento de las zonas
urbanizables en la Comunidad de Madrid.
Se muestran asustados por el avance
de las edificaciones y el imparable creci-
La controversia sobre el urbanismo
en la Comunidad de Madrid alcanza
más allá de las disputas entre
partidos políticos en algunos
municipios por suculentas rentabilidades.
En muchos lugares de la
región hay asociaciones ciudadanas,
de reciente creación unas, con
largo bagaje otras, que reclaman a
los ediles de sus ayuntamientos un
giro en el modelo de desarrollo y
en la ordenación territorial: alarmados
por el aumento de edificaciones
y el avance del cemento, solicitan
mayor transparencia en las
actuaciones urbanísticas municipales,
más suelo protegido y contención
a la hora de planificar los
crecimientos. La actividad de estos
grupos, junto con la de asociaciones
como Ecologistas en Acción,
ha suscitado una polémica creciente
en la que se escuchan declaraciones
diversas, unas a favor de aumentar
el suelo urbanizable con el
argumento endeble de que así bajarán
los precios, y otras en contra
de seguir urbanizando al ritmo actual,
esgrimiendo la destrucción
del territorio como principal consecuencia
negativa.
El área de la Comunidad donde
este «debate social» es más palpable
es precisamente la Sierra de
Guadarrama, donde se encuentran
las mayores expectativas de conservación
de la naturaleza (por el
anunciado proyecto de Parque Nacional)
y grandes oportunidades de
negocio inmobiliario bajo las etiquetas
de espacio privilegiado y
proximidad a la montaña. En Ecologistas
en Acción nos alegramos
de que el debate se planteé, porque
ya llevamos varios años denunciando
un hecho que cualquiera puede
comprobar a poco que se fije cuando
viaja por alguna carretera a menos
de 50 Km de la capital: hay un
exceso de urbanización en la Comunidad.
Y esto no es una apreciación
apasionada sino la simple
constatación de los datos: hasta el
año 2000 se clasificaron como urbanizables
una media de 30.000 ha.
anuales, dándose el caso de que en
la actualidad hay 173.850 ha. disponibles
para urbanizar (el 21’49 %
del total de la superficie de la Comunidad),
un espacio donde podrían
edificarse casi cinco ciudades
del tamaño de Madrid capital. Si a
eso añadimos que en el censo de
2001 se contabilizaron 306.556 viviendas
vacías en toda la Comunidad
es fácil desmentir varias falacias
que se repiten insistentemente:
no hay escasez de suelo para
construir; no hay falta de viviendas
para una población que crece lentamente;
la pretendida escasez de
suelo no influye en la subida de
precios; liberar mucho suelo para
urbanizar no los disminuye (de hecho
en 2004 crecieron como promedio
un 17 %, pese al aumento de
las edificaciones); y las escasas restricciones
que protegen algunos
suelos no impiden el crecimiento
económico ni condenan a la indigencia
a ninguna familia (como al-
EL MUNDO, MIERCOLES 6 DE ABRIL DE 2005
M2
miento del cemento. Donde más alarma se
ha desatado es en la Sierra de Guadarrama.
Precisamente, hace pocas semanas
Juan Antonio Herrero denunciaba en M2
los problemas urbanísticos que está su-
friendo las sierra a causa de una visión radical
del ecologismo. En el artículo de hoy
Jesús Sánchez Jaén, portavoz de la Comisión
de Medio Natural de Ecologistas en
Acción, mantiene varias tesis: no hay es-
Conservación o ladrillos
Jesús Sánchez Jaén
Obras de construcción de viviendas en una zona del Parque de Guadarrama, en Las Rozas. / DIEGO SINOVA
gunos se encargan de exagerar). La
verdad es que los precios siguen
imparables hacia arriba, y mientras
unos se llenan los bolsillos de dinero,
el medio natural pierde terreno
velozmente frente a los ladrillos y
el asfalto.
Pero centrémonos en lo que sucede
en el entorno de la Sierra de
Guadarrama. Lejos de tener un
medio natural muy conservado o
con excesivas protecciones, como
algunos reprochan a los ecologistas,
esa zona de la Comunidad soporta
crecimientos urbanísticos
constantes, normas subsidiarias
voraces con las áreas arboladas y
planes generales diseñados para
satisfacer las insaciables ansias de
inmobiliarias y constructoras. Valgan
unos ejemplos muy significativos:
el consistorio de Moralzarzal
pretende construir casi 4.000 nuevas
viviendas, algunas en suelo
protegido, y hacer un campo de gol
en la Dehesa municipal, espacio
verde público que se hurtaría así al
uso público; en Miraflores una sola
operación inmobiliaria, Los Pinarejos,
transformará 58 ha. en viviendas
para casi 3.000 personas, y
el ayuntamiento ya ha solicitado
edificar otra cincuentena de hectáreas
al mismo borde del Parque
Regional; Cercedilla, municipio
plagado de urbanizaciones, proyecta
113 ha. de nuevas casas;
Guadarrama planifica añadir 76
ha. a su suelo urbanizable, pese a
que su corporación se lamenta
amargamente de la escasez de suelo
para edificar en su término municipal;
peor es el caso de Galapagar:
allí, si nadie lo remedia, se
pondrán a disposición de los constructores
544 ha. más, una superficie
similar a la quemada en el monte
Abantos en el famoso incendio
de 1999. Todos ellos con la «sana
intención» de mejorar la calidad de
vida y aumentar la oferta de vivienda
en su pueblo, ¡ eso sí !.
Añadamos a todo esto que la protección
ofrecida por figuras como
«monte público» y «monte preservado»
es, de hecho, aleatoria, inestable
y hasta fugaz porque los límites
de muchos de ellos son confusos,
porque nadie hace nada por
clarificarlos y porque, amparándose
en una ley forestal muy laxa, todo
aquel que puede araña metros
en su beneficio ante la mirada impasible
de la Comunidad de Madrid.
De nuevo esta afirmación no
es fruto de radicalismos ecologistas
ni de diferencias vecinales: en
El Boalo y Mataelpino están abiertas
sendas diligencias judiciales
por invasión de dos áreas de monte
preservado con urbanizaciones.
Los proyectos fueron aprobados
por la Comisión Provincial de Urbanismo
pese a existir informes de
Medio Ambiente que demuestran
la intrusión en suelo protegido.
Otro tanto ha sucedido en Miraflores
y San Lorenzo de El Escorial.
En Los Molinos se acaba de presentar
un Plan Parcial que pretende
construir 127 viviendas en la la-
dera de La Peñota, superando la
cota de los 1.100 metros y que
cuenta con cuatro informes ambientales
negativos elaborados por
la anterior Consejería de Medio
Ambiente.
La realidad cotidiana muestra
que el suelo protegido en Madrid
sufre un completo desamparo,
pues hasta en las zonas de máxima
protección de los Parques Regionales
se han dado casos de
construcciones ilegales que nadie
ataja a tiempo (hace pocas semanas
se denunció la ampliación de
una pista y una edificación en las
proximidades de La Pedriza).
Ante la perspectiva de la posible
creación de un Parque Nacional en
la Sierra de Guadarrama, y mientras
se desarrollan los estudios del
Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Sierra, casi todos
los ayuntamientos madrileños con
términos municipales en sus faldas
se están apresurando a redactar
nuevos planes generales solicitando
recalificaciones de todos los terrenos
posibles. A algunos parece
haberles entrado prisa y congoja al
mismo tiempo: aceleración para no
perder ni un m2 de posible negocio,
e inquietud por no saber si el
nuevo espacio protegido, de hacerse,
«ahogará» todas sus expectativas
de «progreso».
Contemplado con la mirada de
quienes creen que ha de darse la
máxima protección, cuanto antes y
cuanto más mejor, a un espacio
casez de suelo para construir, no hay falta
de viviendas para una población que crece
lentamente, la pretendida escasez de
suelo no influye en la subida de precios
y liberar mucho suelo no los disminuye
geográfico excepcional pero muy
amenazado por el mayor crecimiento
especulativo de toda Europa
en la última década, las prisas
de los ayuntamientos horrorizan y
nos hacen temer lo peor: un Parque
Nacional reducido solo a las cumbres,
y campo abierto a las edificaciones
en el resto. Ya se anuncian
promociones de chalets con vistas
al «futuro Parque Natural» (Valdemanco),
y da miedo pensar lo que
puede ser un reclamo turístico como
ese sin establecer antes una extensa
franja de protección perimetral,
donde los usos urbanísticos y
de grandes infraestructuras sean
eliminados. Sería algo así: anchos
cinturones de casas con «vistas privilegiadas»
en las mismas laderas,
centros comerciales y atascos por
doquier, y nuevas autovías (ya se
están planificando) rodeándolo todo.
En definitiva, más cemento, asfalto,
tráfico y contaminación precisamente
donde menos debería
haber. Eso está en absoluta contradicción
con las frecuentes declaraciones
de los políticos en pro del
«desarrollo sostenible»; sólo es desarrollismo
al más puro estilo de
los años 60, insostenible desde
cualquier punto de vista que no sea
el especulativo, y quienes tratan de
vendernos tal fórmula de sostenibilidad
tratan, impúdicamente, de
engañar a los ciudadanos.
Que nadie se llame a engaño, en
ningún pueblo en el área desde El
Escorial hasta la A-1 faltan oportunidades
de desarrollo ni las viviendas
son escasas. Lo que hay
es mala gestión, pocos políticos
capaces de crear prosperidad si
no es con más edificios, y mucho
ansia por especular.
Ecologistas en Acción cree en las
posibilidades económicas de la zona
de la Sierra partiendo de la conservación
integral del medio como
el principal activo presente y futuro.
Afortunadamente cada vez son más
los ciudadanos que opinan algo similar,
y de ahí la abundancia de
asociaciones que claman contra el
destrozo que los políticos están
consintiendo y amparando. Tanto
ecologistas como asociaciones vecinales
coinciden en creer que el modelo
de desarrollo por el que se ha
optado en la Comunidad, extensivo,
disperso y especulativo, es insostenible,
genera una tremenda e injustificada
destrucción del territorio y
aumenta los problemas de contaminación
y consumo energético. Ese
modelo fragmenta e incomunica los
espacios protegidos, creando islas
de futuro casi imposible por su desprotección
en un mar de urbanizaciones
y asfalto, y pone en cuestión
todas las políticas medioambientales
y las declaraciones ampulosas
de los políticos. Por añadidura el
aumento de desplazamientos y de
la necesidad de uso del vehículo privado
que se crea alejan aún más a la
región de los objetivos del protocolo
de Kioto, que nuestro país se ha
comprometido a cumplir.
Copia para 193.110.128.11