Foro Iberoamericano de Desarrollo Social - Segib

ROLANDO FRANCO
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lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Por otro
lado, éste no resulta sólo de una buena política económica,
sino de la posibilidad de que haya inversión en capital humano,
lo que es una responsabilidad de la política social. De esta
manera, el desarrollo social sólo puede derivar de una colaboración
entre política económica y política social, que se
retroalimentan.
Los requisitos para llevar a cabo las políticas sociales
son contar con un financiamiento adecuado, por un lado, y
guiarse por la búsqueda de la eficiencia y la búsqueda del
impacto.
La provisión de recursos adecuados exige que haya comprensión
por los tomadores de decisiones de los problemas
que se quieren resolver y de la forma en que se planea hacerlo.
Requiere que se comprenda que ello permitirá contribuir
al bienestar de las personas beneficiarias –lo que en muchas
ocasiones es visto como un «gasto» que quita recursos a la
inversión–, pero también permitirá que la economía pueda
disponer de agentes productivos capacitados y en condiciones
de incorporar tecnologías modernas. El diálogo entre el
nivel político y el nivel técnico también es un problema institucional
complejo, en muchos casos, y exige maduración
por ambas partes para llevarlo por el buen camino.
Dicho lo anterior, debe reconocerse que en los años recientes
ha habido un incremento de los recursos públicos para
lo social –lo que se analizará a continuación– junto con la eficiencia
en la utilización de dichos recursos, y la necesidad
de conocer el impacto que logran los programas.
1. Financiamiento
Los países latinoamericanos han hecho esfuerzos para incrementar
los recursos de la política social. Por lo mismo, el gasto
social ha tenido una evolución favorable en los últimos
años. Luego de su reducción en muchos países durante la crisis
de los años ochenta, la región en su conjunto ha llegado
a disponer de los mayores recursos para lo social de su historia.
El gasto social por habitante (gráfico 15) aumentó en
un 50% durante los años noventa y pasó de 360 a 540 dólares
en el promedio regional. Sólo en dos países se registró
una disminución en términos reales. Su aumento fue superior
al del producto por habitante. Por ello, a lo largo del decenio
de 1990 se incrementó su importancia en relación al PIB
del 10,4% al 13,1% (gráfico 16). La magnitud del gasto muestra,
sin duda, significativas variaciones según los países.
En cuanto a los recursos para el financiamiento de lo social,
hay dos posiciones. Una, que promueve un contrato social
a partir del cual se aumente la presión tributaria para disponer
de mayores recursos y ampliar los sistemas de protección
social, 46 y otra, que postula que el gasto gubernamental no
debiera ser mayor al 15% del PIB, porque los impuestos elevados
impulsan el trabajo en negro o informal, lo que disminuye
los ingresos del Gobierno y lleva a incrementar los
tributos a los negocios formales, incrementando el círculo
perverso. La apertura de las economías y la necesidad de
crear condiciones para la inversión (externa o interna) frente
a la competencia de otros países, también limita una posible
alza de impuestos, cuyos recursos pudieran orientarse a
lo social.
Mientras se zanja la disputa entre incrementar o disminuir
la presión tributaria, es importante buscar en los presupuestos
eventuales «yacimientos» de recursos mal utilizados que
pudieran destinarse a otros fines. También es básico revisar
si las áreas sociales utilizan eficientemente lo que ya tienen y
si las acciones que se llevan a cabo llegan a quien corresponde
y provocan impacto. Esto se logra con el seguimiento
y la evaluación, que sirven, por un lado, para aprender de la
experiencia y mejorar el programa, pero también para legitimar
la acción del área social mostrando cuidado en el manejo
de los fondos públicos y también buenos resultados.
Sin duda la legitimidad en que se sustenta la gobernabilidad
deriva no sólo de los orígenes democráticos de los
gobiernos, sino también de la efectividad en su desempeño
como administración, y esto tiene mucho que ver con el tema
del manejo de los fondos públicos y de la igualdad. 47
2. El efecto redistributivo del gasto social
Además del problema del monto de recursos destinado a
lo social, hay que considerar la eficiencia con que ellos son