Foro Iberoamericano de Desarrollo Social - Segib

ROLANDO FRANCO
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23 Oportunidades entre una pensión vitalicia a los adultos mayores de setenta
años inscritos, que les permite ser independientes de su familia (Aranda,
2006). Puente-Chile Solidario también atiende a los mayores, y ha incluido
además a quienes viven solos en la calle, al igual que PANES de Uruguay, y
el Plan Nacional Familias de Argentina, entre varios tipos de acciones, se
propone la «revalorización y la integración de los mayores y de las personas
con discapacidad» (Nadalich, 2006).
24 En Brasil se agregó a ello la jornada ampliada, para evitar el trabajo infantil
(Ferroni, 2006).
25 Respecto al caso de Brasil, se dice que «partimos de la universalidad hacia
la focalización [...] es muy complejo hacer que políticas que tienen una concepción
universal vean de manera diferente quién es más vulnerable y quién
está más excluido. No obstante, es una buena experiencia [...] coordinar políticas
universales focalizando a las poblaciones más excluidas para así garantizar
la idea de equidad que tanto apreciamos» (Evangelista, 2006).
26 Sobre los problemas de focalización, véanse más extensamente Cohen y Franco,
2006.
27 Hay programas que aceptan a todas las familias de las localidades seleccionadas,
sean pobres o no pobres. Esto suele justificarse aduciendo que si se
establecieran distinciones en comunidades relativamente pequeñas, se generarían
conflictos que afectarían el capital social.
28 En Brasil, por ejemplo, los primeros programas fueron de tipo municipal –en
Campinas (Paraná) y Brasilia (D. F.)– y exigieron residencia previa de dos y
cinco años (Draibe, 2006).
29 En FA de Colombia se recurrió al Sisben, seleccionando a los que quedaran
en el nivel 1 (el más bajo); en Bolsa Familia de Brasil hay un Catastro Único
elaborado a partir de una ficha única (Ramos y Lobato, 2004).
30 Se opta por trabajar en áreas rurales, por los municipios con menos de 100.000
habitantes, por localidades que tengan la mayor proporción de familias pobres,
o por aquellas que tengan el mayor número de pobres, por municipios con
mayor capacidad administrativa, etc.
31 En algunos programas se incluye a los mayores de sesenta y cinco años que
viven solos e, incluso, a quienes viven en la calle. En PANES de Uruguay se
atiende a personas y familias en situación de calle (450 personas en Montevideo),
mediante refugios nocturnos, centros diurnos y equipos de calle
(Arismendi, 2006).
32 Sobre casos nacionales de registro de beneficiarios, véanse Aranda (2006),
Evangelista (2006); para una comparación de los mismos, Cohen y Franco,
2006.
33 Ella se inicia al momento del nacimiento, donde hay una alta probabilidad
de que el niño tenga bajo peso; también es mayor el riesgo de mortalidad
durante el primer año de vida. Posteriormente, esos niños estarán en riesgo
nutricional, siendo, por tanto, muy vulnerables a enfermedades, que merman
sus capacidades y afectan las posibilidades de crecimiento. Suelen ingresar
más tardíamente a la escuela y la abandonan tempranamente, con una
escasa formación, para ponerse a trabajar en actividades que muchas veces
suponen riesgos para su desarrollo. Por la falta de capacitación, su inserción
en el mercado laboral sigue siendo precaria a lo largo de toda la vida, desempeñándose
en empleos de baja productividad y salario insuficiente para satisfacer
sus necesidades básicas y las de su grupo familiar.
34 Britto (2005) indica que el mismo impacto en el acceso a la escuela podría
alcanzarse combinando las transferencias con acciones que incrementen la
calidad de los servicios ofrecidos.
35 Sobre la importancia de la educación de la madre sobre la reducción de la
malnutrición infantil, véase Romero Lozada, 2006.
36 Existen numerosos análisis de contenido de los libros de texto escolares latinoamericanos
que muestran que ellos suelen reforzar la distribución tradicional
de roles (Wainerman y Heredia, 1999; Binimelis y Márquez, 1992; Hexagrama,
2006).
37 El programa nicaragüense, en su componente de formación ocupacional, calcula
el monto del incentivo a la demanda a partir del costo de oportunidad
de la mano de obra en el sector rural, considerando lo que gana un jornalero
(alrededor de 30 dólares mensuales), lo que equivale a la mitad del costo
de una canasta básica para un hogar de seis miembros, en extrema pobreza
(Largaespada, 2006).
38 La Caixa Económica Federal es una institución con tradición de atender a
clientes de baja renta. Tiene una enorme capilaridad en todo el territorio,
lo que es importante en un país de dimensión continenal. Ello no se
debe sólo a las filiales de la Caixa, sino también a una legislación que le
permite hacer convenios con los denominados Correspondientes Bancarios
que son casas de loterías, panaderías y otros puestos autorizados
(Ramos y Lobato, 2004). Las transferencias se pagan a través de una tarjeta
magnética (Cartao Cidadao), en 50.000 puestos (Evangelista, 2006).
Sobre el monto de las transferencias puede verse Franco y Cohen (2006),
Evangelista (2006). El programa PANES de Uruguay utiliza una tarjeta
prepaga emitida por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU),
que permite comprar, en puntos de venta adheridos al programa «Comercios
Solidarios», alimentos y útiles de higiene, pero no alcohol y cigarrillos
(Arismendi, 2006).
39 En Bolsa Familia, por ejemplo, no lo hay, pero sí en los otros programas,
aunque la variabilidad es grande. El FA de Colombia fue creado por tres años,
pero ha seguido funcionando, con lo cual hay familias que llevan ya cinco
años vinculadas al programa, y no existe en la actualidad un período definido
para el fin de los subsidios (Núñez y Cuesta, 2006). Juntos de Perú establece
una vinculación plena por cuatro años y otros cuatro con beneficios
recortados (Francke y Mendoza, 2006).
40 En Bolsa Familia se resiste «un poco la idea de emancipación de las familias
de manera inmediata, porque tenemos familias que demandan desde programas
de alfabetización con un proceso de inserción productiva largo, demorado
y complejo, hasta familias que ya estuvieron en el mercado formal de
trabajo y que están en situación de desempleo y que, con una pequeña
ayuda, se facilita que sean nuevamente productivas» (Evangelista, 2006).
En Uruguay, el programa PANES utiliza la expresión «Rutas de salida» (Arismendi,
2006).
41 Por ejemplo, cuál es la conclusión que puede extraerse de que los niños beneficiarios
asistieron en promedio un día más por mes que quienes no recibían
el bono escolar. ¿Ese resultado es satisfactorio? ¿La relación costo-impacto
justifica los recursos destinados a las transferencias? ¿Era eso lo que pretendía
el programa?
42 Véanse Cohen y Franco, 2005, 2006.
43 Sobre Oportunidades, se sugiere la necesidad que tiene el programa de
«llegar a zonas donde no llega actualmente», para lo cual se debe «guiar la
inversión hacia las regiones con mayores índices de pobreza» (Aranda, 2006).
44 Los PTEC son la potencialidad de «su extensión en una política social integral
cuyo objetivo tiene que ser la disminución significativa y sostenible de
la pobreza y la desigualdad como fenómenos multidimensionales y el establecimiento
en el tiempo de un sistema de protección social más permanente,
más solidario y más universal, financiable y efectivo» (Ferroni, 2006).
45 Respecto de Brasil, se sostiene que el programa Bolsa Familia ha contribuido
tanto a la reducción de la extrema pobreza, como a la reducción de las
desigualdades (Evangelista, 2006).
46 Saavedra, 2006; Hardy, 2006.
47 Véanse Latinobarómetro sobre las percepciones de la opinión pública en
torno a estos aspectos, y también Franco, 2006a y Franco y Gómez, 2004.
48 En el caso de Chile, el 10% más rico tiene ingresos autónomos que son 34
veces mayores que el del 10% más pobre; luego de las transferencias que
realiza el Estado a través de políticas sociales, la diferencia se reduce a 14
(Hardy, 2006).
49 Sobre casos de esta naturaleza, véanse Cohen y Franco, 1992.
50 Véanse Franco y Székely, 2006. Sobre el caso mexicano, véase también Aranda
(2006), en este volumen. Sobre Brasil se comenta que «es necesario encajar
el perfil de la familia con la oferta existente» en el ámbito local, lo que
«presupone una gran articulación intersectorial y una enorme coordinación
federativa» (Evangelista, 2006). Respecto de Chile, se proyecta la creación de
un Consejo de Ministros del Sistema de Protección Social, que defina las políticas
y el marco de acción de cada Ministerio (Ardí, 2006).