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Ampliación de actividad y
externalización de servicios
La ampliación de las actividades o la externalización de servicios o actividades a terceros
detallados a continuación deberán ser autorizados por la autoridad competente del Estado
miembro de origen:1) servicios básicos adicionales o servicios auxiliares no bancarios
no listados explícitamente en el Reglamento, que no estuvieran incluidos en la autorización
inicial; 2) gestión de otro sistema de liquidación de valores; 3) liquidación de la totalidad
o parte del componente de efectivo de su sistema de liquidación de valores en los
libros de otro agente de liquidación, y 4) creación de enlaces interoperables, incluidos
aquellos con DCV de terceros países.
En relación con la externalización de servicios o actividades, los DCV seguirán siendo plenamente
responsables del cumplimiento de todas las obligaciones que les incumben con arreglo
al Reglamento y, además, deberán cumplir en todo momento, entre otras, las condiciones
siguientes: 1) que la externalización no entrañe una delegación de su responsabilidad; 2) que
las relaciones y obligaciones del DCV con respecto a sus participantes o emisores no se vean
alteradas; 3) que las condiciones de autorización del DCV no varíen; 4) que la externalización
no impida el ejercicio de las funciones de supervisión y vigilancia, en particular el acceso in
situ para obtener toda la información pertinente que se precise en el desempeño de tales
funciones, y 5) que el prestador de servicios coopere con la autoridad competente y con las
autoridades relevantes en relación con las actividades externalizadas.
Régimen sancionador
En otro de los apartados de la norma, se regula el régimen sancionador aplicable a las
DCV y a todas las demás personas responsables que incumplan las disposiciones de este
Reglamento, de modo que las autoridades competentes de los Estados miembros deberán
tomar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Tales sanciones
serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. Todo ello sin perjuicio de que los Estados
miembros prevean la imposición de sanciones penales.
Por último, se regula el intercambio de información entre las autoridades competentes, las
autoridades relevantes y la AEVM para el desempeño de sus funciones con arreglo al
Reglamento.
El Reglamento entró en vigor el 17 de septiembre, salvo la obligación de representar los
valores negociables mediante anotaciones en cuenta, que será aplicable a partir del 1 de
enero de 2023 para los emitidos después de esa fecha y a partir del 1 de enero de 2025
para todos los demás ; y la obligación de liquidar los valores negociados en los centros de
negociación en una fecha no posterior al segundo día hábil tras la contratación, que será
aplicable a partir del 1 de enero de 2015 o del 1 de enero del 2016 en el caso de que se
liquiden en un DCV que externalice alguno de sus servicios a una entidad pública de
acuerdo con el Reglamento.
Organismos de inversión
colectiva en valores
mobiliarios: modificación
de la normativa
Se ha publicado la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
julio (DOUE del 28 de agosto), que modifica la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva
en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones del depositario, las
políticas de remuneración y las sanciones.
A continuación, se reseñan los aspectos más relevantes.
POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN
Se establece la obligación de que las sociedades gestoras de los OICVM introduzcan,
respecto de las categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una inci‐
BANCO DE ESPAÑA 165 BOLETÍN ECONÓMICO, OCTUBRE 2014 REGULACIÓN FINANCIERA: TERCER TRIMESTRE DE 2014