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A continuación se reseñan los aspectos más relevantes del Real Decreto, que entró en
vigor el 31 de julio.
CENTRAL DE INFORMACIÓN
ECONÓMICO‐FINANCIERA
Se crea el CIEF, conforme lo había previsto la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a través de la cual se proveerá, con carácter
público, de información sobre la actividad económico‐financiera de las distintas Administraciones
Públicas en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La gestión de la CIEF será competencia del órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que se establezca en su normativa de desarrollo. Este se encargará,
entre otras funciones, de proveer y coordinar la información económico‐financiera
de las diferentes Administraciones Públicas que deba publicarse a través de la CIEF, y
el archivo y custodia de dicha información.
Los sujetos obligados son los departamentos ministeriales en los que se estructura la
Administración General del Estado, así como sus entidades u organismos dependientes o
vinculados, que suministrarán la información con periodicidad mensual.
Entre la información que se publicará a través de la CIEF, cabe reseñar la siguiente: 1) las
previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos
y parámetros en los que se basen; 2) la participación de las Entidades Locales en
los tributos del Estado; 3) el endeudamiento del Estado, las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales; 4) el período medio de pago de las Administraciones Públicas,
y 5) el coste efectivo de los servicios de las Entidades Locales.
En caso de incumplimiento de esta obligación, se establecen en la norma las medidas que
se aplicarán a los sujetos incumplidores.
OBLIGACIONES
DE INFORMACIÓN
DEL BANCO DE ESPAÑA
Y DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS
El Banco de España remitirá, cada mes, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la información que las entidades financieras hayan suministrado a la Central de
Información de Riesgos (CIR), relativa a las operaciones de crédito que hubieran concertado
con las Administraciones Públicas, incluidos los avales, reavales o cualquier otra
clase de garantías otorgadas en el marco de estas operaciones de crédito. También deberá
facilitar su posición deudora u otros datos concretos relativos a su endeudamiento o
determinadas operaciones de crédito.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar a las
entidades financieras otra información relativa a las operaciones de crédito e información
sobre avales, reavales o cualquier otra clase de garantías concertadas con las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos dependientes, diferente a la suministrada a
la CIR, cuando esta sea insuficiente o fuera necesario conocer información más detallada
sobre determinadas operaciones de crédito.
Igualmente, se regulan las medidas en caso de incumplimiento de las obligaciones de
suministro de la mencionada información.
Medidas urgentes
para el crecimiento,
la competitividad
y la eficiencia
Se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio (BOE del 5), de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que entró en vigor el 5 de julio.
Desde el punto de vista financiero y fiscal se reseñan a continuación las novedades más
relevantes.
BANCO DE ESPAÑA 177 BOLETÍN ECONÓMICO, OCTUBRE 2014 REGULACIÓN FINANCIERA: TERCER TRIMESTRE DE 2014