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Las entidades de crédito deberán ofrecer los servicios vinculados a una cuenta de pago
básica sin cargo alguno o aplicando una comisión razonable, para lo cual se tendrán en
cuenta los siguientes criterios: 1) los niveles nacionales de renta, y 2) las comisiones medias
aplicadas por las entidades de crédito en el Estado miembro de que se trate por los
servicios prestados en relación con las cuentas de pago.
Por su lado, los Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas, dirigidas a que
las entidades de crédito pongan gratuitamente a disposición de los consumidores información
y asistencia accesibles y gratuitas sobre las características específicas de sus
cuentas de pago básicas, las comisiones aplicadas y las condiciones de utilización, reseñando
que para el acceso a dichas cuentas no es obligatorio adquirir otros servicios.
SUPERVISIÓN, RESOLUCIÓN
DE LITIGIOS Y RÉGIMEN
SANCIONADOR
Los Estados miembros designarán a las ANC facultadas para velar por la aplicación y
ejecución de la Directiva, y les otorgarán las competencias de investigación y ejecución
y los recursos necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones. Asimismo, las
ANC de los Estados miembros intercambiarán información y colaborarán en cualquier investigación
o en las actividades de supervisión.
Por otro lado, los Estados miembros velarán para que los consumidores tengan acceso a
procedimientos alternativos efectivos y eficientes para la resolución de los litigios relacionados
con los derechos y obligaciones establecidos en la Directiva.
Finalmente, los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables en
caso de infracción por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución.
Medidas urgentes
en materia concursal
Se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre (BOE del 6), de medidas
urgentes en materia concursal (en adelante, el Real Decreto-ley), que, entre otras finalidades,
pretende extender las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 4/2014 73 en la
fase preconcursal (acuerdos de refinanciación) al propio convenio del concurso, con el
principal objetivo de facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas
económicamente viables que entren en un proceso concursal.
A continuación se resaltan las novedades más relevantes de esta norma, que entró en vigor
el 7 de septiembre.
NOVEDADES GENERALES
DEL CONVENIO CONCURSAL
Se realizan ciertas modificaciones en las propuestas del convenio orientadas a preservar
la existencia de la empresa. Entre ellas, siguiendo la normativa actual, las propuestas no
podrán consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción
de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de
la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran
acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de
la persona jurídica concursada. Ahora, el Real Decreto-ley precisa que solo podrá incluirse
la cesión en pago de aquellos bienes o derechos a los acreedores siempre que no
resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que
su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuera superior, la
73 El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación
y reestructuración de deuda empresarial. Véase «Regulación financiera: primer trimestre de 2014», Boletín
Económico, abril de 2014, Banco de España, pp. 162‐166. Recientemente, el Real Decreto-ley 4/2014 ha sido
elevado a rango de ley, mediante la Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE del 1 de octubre), por la que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
BANCO DE ESPAÑA 172 BOLETÍN ECONÓMICO, OCTUBRE 2014 REGULACIÓN FINANCIERA: TERCER TRIMESTRE DE 2014