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Por último, se establece asimismo un mecanismo para permitir que las medidas de este
Real Decreto-ley puedan aplicarse, por una sola vez, a los convenios adoptados al amparo
de la legislación anterior, siempre que se den mayorías reforzadas (superiores a las
exigidas para la aprobación del convenio) y que así lo apruebe un juez.
NOVEDADES DEL CONVENIO
EN RELACIÓN CON LOS
ACREEDORES PRIVILEGIADOS
Se introducen previsiones análogas a los acuerdos de refinanciación, conforme estableció
el Real Decreto-ley 4/2014, en lo que se refiere a la valoración de las garantías sobre las
que recae el privilegio especial. De este modo, el privilegio especial solo alcanzará a la
parte del crédito que no exceda del valor de la garantía que conste en la lista de acreedores.
La parte del crédito que exceda dicho valor no tendrá privilegio especial y será calificado
según su naturaleza.
De igual modo que en los acuerdos preconcursales, el valor de la garantía se calculará del
siguiente modo: se reducirá un 10 % del valor razonable 75 del bien o derecho sobre el que
esté constituida la garantía, y del 90 % restante se deducirá el importe de los créditos
pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien.
Por otro lado, el Real Decreto-ley agrupa a los acreedores privilegiados en las siguientes
clases (sin distinción entre privilegio general o especial 76 ): 1) laborales, entendiéndose por
tales los acreedores de derecho laboral; 2) los acreedores de derecho público; 3) los financieros,
entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con
independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera, y 4) el resto de los
acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales.
En la normativa anterior, los créditos privilegiados solo quedaban vinculados al contenido
del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquella
se hubiere computado como voto favorable, pero nunca se les podían imponer los términos
del mismo. Ahora el Real Decreto-ley introduce, como novedad, que también quedarán
vinculados a los convenios cuando concurran ciertas mayorías dentro de su misma
clase:
— Del 60 %, si dichas medidas implican: 1) quitas iguales o inferiores a la mitad
del importe del crédito; 2) esperas, ya sean de principal, de intereses o de
cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o
3) en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión
de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo.
— Del 75 %, cuando se trate de: 1) quitas superiores al 50 % del importe del
crédito; 2) esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso
superior a diez; 3) en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales,
la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo
plazo, acciones o participaciones, y 4) en el caso de acreedores distintos de
los públicos, la cesión de bienes o derechos en pago de créditos, siempre que
estos no resulten necesarios para la continuación de la actividad empresarial.
75 El cálculo del valor razonable depende de la naturaleza del bien. Para valores mobiliarios que coticen en un
mercado secundario oficial será su precio medio en el trimestre anterior a la fecha de declaración del concurso.
Para bienes inmuebles será el estimado por una sociedad de tasación inscrita en el Banco de España. Para
otros tipos de bienes será el calculado por un experto independiente.
76 Los acreedores con privilegio especial son aquellos cuyos créditos están garantizados con activos de la empresa.
Los acreedores con privilegio general son principalmente trabajadores y acreedores públicos, además
de la parte de la nueva financiación concedida a la empresa concursada que no se incluye en los créditos
contra la masa.
BANCO DE ESPAÑA 174 BOLETÍN ECONÓMICO, OCTUBRE 2014 REGULACIÓN FINANCIERA: TERCER TRIMESTRE DE 2014