Libro en pdf - Instituto de la Mujer

El pildorazo: Michelle Bachelet, nosotras y la defensa de la anticoncepción de emergencia/
GLORIA MAIRA VARGAS
mendación de facilitar anticoncepción de emergencia en casos de este tipo. Sin
embargo, a poco andar la propia autoridad sanitaria emitió una fe de erratas desconociendo
la recomendación (Dides, 2006). ¡El poder de algunos les permite ese
tipo de maniobras! En 2004, el Ministerio de Salud repuso el acceso a la anticoncepción
de emergencia en las Normas, Guía Clínica y Protocolos para la Atención
en Servicios de Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual, instrumento
promulgado ese año. Para el resto de las mujeres, señala Gómez (2008), “el acceso
continuaba estando restringido; es decir, las mujeres que podían pagar una consulta
médica particular y luego comprar una receta, finalmente accedían al producto”.
A fines de la década de los 90, organizaciones no gubernamentales especializadas
en salud reproductiva, como el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
(Icmer) y la Asociación de Protección de la Familia (Aprofa), propusieron
al Ministerio de Salud adoptar una nueva normativa de regulación de
la fertilidad. La propuesta se sustentó en la necesidad de modernizar las Normas
de Paternidad Responsable vigentes desde 1993, obsoletas de acuerdo a
las necesidades de una población que había modificado su comportamiento
sexual y reproductivo. Entre otros aspectos, los cambios se observaban en el
descenso de la edad de inicio sexual, en el ejercicio de una sexualidad en mayor
libertad –sin fines reproductivos y fuera del matrimonio– y en la reducción de
la tasa de fertilidad (Schiappacasse, 2003). Por ende, la falta de una normativa
actualizada impedía resolver las desigualdades en la protección de la salud que
estaban provocando los nuevos comportamientos sexuales y reproductivos de
la población.
El grupo que elaboró las Normas se constituyó en un espacio de trabajo
conjunto entre organizaciones especializadas en salud reproductiva y el Ministerio
de Salud; se trató de un amplio proceso de consulta a organizaciones de
mujeres, centros especializados y prestadores de salud, entre otros. Sin embargo,
el ministro de Salud de entonces, Pedro García, de militancia demócrata cristiana,
postergó su promulgación, “porque contenían el uso de AE como anticonceptivo
en todas las situaciones en que las mujeres la requirieran, evitando así el
debate que se generó cuando éstas fueron aprobadas en el gobierno de Michelle
Bachelet” (Díaz y Schiappacasse, 2009). Es más, el entonces subsecretario de la
cartera, Antonio Infante, fue destituido de su cargo por anunciar la distribución
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