pulsando aqui - Red por los derechos de la infancia

Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004
de gobierno. El estudio antes señalado, resalta lo anterior, en su análisis sobre la
inversión de gasto público en infancia del presupuesto 2001:
* La suma del presupuesto de 2001 destinado a la infancia representó un 14.8% del
gasto neto total y un 21.3% del gasto programable pero esto no representa la
totalidad de recursos que se dirigen a este sector, ya que no es posible identificarlos
dentro del presupuesto de la federación.Aún así las cifras contrastan con el hecho de
que en ese año el total de las personas menores de 18 años representó el 42% del
total de la población.
* Algunas de las inferencias sobre el gasto público que se destina a la infancia son
vagas.
* Los criterios programáticos de las políticas sectoriales rara vez hacen referencia a
las necesidades de grupos específicos, ya sean mujeres, niños y niñas, indígenas o
grupos en pobreza extrema.
* Tampoco hay una sistematización de registros administrativos con respecto a los
servicios ofrecidos de manera directa a la población, registros que permitirían
entender las acciones que el gobierno está instrumentando para hacerle frente a las
necesidades de niñas y niños.
En el año 2002, como parte del seguimiento a los acuerdos de la Sesión Especial sobre
Infancia, el gobierno mexicano establece el Programa Nacional de Acción a favor de
la Infancia 2002-2010 (PAFI). Desafortunadamente ni en las líneas de acción, ni en las
estrategias se establecieron compromisos o mecanismos para generar información
sobre el gasto público en infancia, ni para su monitoreo y evaluación y su impacto en
la infancia.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no
establece medidas o disposiciones respecto a políticas de inversión en programas
sociales para la infancia que la protejan ante las eventualidades de la economía
mundial y nacional. Por su parte la Ley de Desarrollo Social, aprobada en 2004,
establece una disposición que señala que el gasto público destinado a desarrollo social
no podrá ser menor a la del año anterior, sin embargo esta disposición fue violada en
el 2005 al aprobarse un nivel de presupuesto para este rubro inferior al de 2004.
Mirada
a la acción
* Establecer desde la legislación y programas,
como el Programa Nacional de Acción a Favor
de la Infancia (PAFI), medidas para el
monitoreo y evaluación del gasto público y su
impacto en la infancia y estrategias para
incrementarlo acordes con la iniciativa 20/20
del PNUD.
* Se requieren políticas para evitar la
desigualdad generada por el uso y destino del
gasto público y en la cobertura a servicios
sociales básicos, para evitar la discriminación
a grupos específicos, en particular niños y
niñas rurales e indígenas.
13
www.derechosinfancia.org.mx