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Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad
el niño víctima junto con actos lascivos que faltan a la moral pública pero que no son
ejercidos directamente en contra del desarrollo psicosexual de la persona.
Mirada
a la acción
Ante la carencia de facto que padece la
infancia de mecanismos para justiciabilizar sus
derechos que es uno de los elementos
indispensables para el resguardo de los
derechos establecidos en el artículo 19 de la
Convención. Deben realizarse reformas
legales y administrativas para garantizar este
derecho.
Los vacíos en cuestión de tipificación del delito, son aún más evidentes con relación
a la explotación sexual comercial en la que encontramos varios estados de la
República que aún no contemplan en su legislación penal la prostitución de niños y
niñas como delito. Algunos, como el estado de Baja California no da cabida para
actuar en contra de aquellos que contratan los servicios sexuales de personas
menores de 18 años, ni aquellos que las promueven, salvo encuadrado dentro del
delito de corrupción de menores. Es el común juicio del juzgador, en estas entidades,
que una joven que ha sido prostituida ya está corrupta y por tanto no se logra
establecer el acto de corrupción.
Indudablemente, existe en el país una tendencia hacia la reforma penal a favor de los
derechos de la infancia contra el maltrato y la explotación sexual. Sin embargo, es aún
mucho el trabajo que queda por delante.
La adecuación procesal
Un siguiente nivel de aproximación a un estado de respeto efectivo por el derecho a
la protección de los niños implica reformas procesales. Mientras la legislación
procesal no contemple adecuación para la condición y características propias de la
infancia, la justiciabilidad de los derechos de protección permanece como letra
muerta. No importa cuan acertada o precisa sea la tipificación de los delitos
cometidos contra la infancia; si el proceso excluye al niño sus derechos no son
tutelables.
México aún no cuenta con reformas procesales que contemplen la participación del
niño dentro de un proceso penal como víctima del delito. Salvo las notables
excepciones de los escasos artículos reformados en el código de procedimientos
penales del Distrito Federal que contemplan aspectos como eximir al niño de
precisión temporal en sus declaraciones para que éstas tengan valor probatorio, los
procedimientos penales en México son aplicados indistintamente a niños víctimas (de
cualquier edad) y adultos.
Son múltiples las situaciones en las que el proceso de administración de justicia en
estas condiciones constituyen una violación de los derechos de los niños, en tanto
resulta incomprensible, intimidante y revictimizante.
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Red por los Derechos de la Infancia en México