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Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004
Por otra parte los mecanismos de evaluación son sumamente débiles: el Consejo
Nacional para la Infancia y la Adolescencia (COIA), carece de marco jurídico y
capacidad de convocatoria y ha excluido de su funcionamiento a las organizaciones de
la Sociedad Civil mexicanas; adicionalmente las entidades federativas no tienen la
obligación de crear un plan estatal. Instrumento que la Red por los Derechos de la
Infancia ha registrado que sólo existe en Estado de México.
Así, el PAFI parece más bien un informe de un sin número de programas.
Adicionalmente y de manera lamentable, su elaboración no ha derivado en ninguna
reforma a programas existentes o en estructuras institucionales. Como la que de
manera urgente requiere el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), constituido desde una visión completamente distinta respecto de la
Convención de los Derechos del Niño y que siendo una de las principales
estructuras dirigidas a la política pública a favor de la infancia, no ha podido
establecer una estrategia eficaz para promover el respeto y cumplimiento de los
derechos de la infancia. La propia naturaleza jurídica de este tipo de instancias, las
conduce a privilegiar las políticas asistenciales y en diversas entidades el uso de los
recursos públicos llega adquirir una lógica electoral.
Adicionalmente para la aplicación del PAFI no se asignó un presupuesto especial,
incluso ni para el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento. Provocando que
durante los años, que instancias como el COIA han estado funcionando, su
presencia no sea notoria para influir en programas y políticas públicas relacionadas
con la infancia y que su papel se limite a la integración de informes anuales.
Mirada
a la acción
* Deben promoverse una reforma a la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes a fin de crear el Consejo
Nacional de Protección y Promoción los
Derechos de la Infancia: organismo rector de
las políticas públicas en materia de infancia.
* Se debe cumplir con lo establecido en la ley
citada en el artículo 7° que obliga a la
adopción de un Programa Nacional Para la
Atención de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia, en el que se involucre la
participación de las entidades federativas y
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como del sector privado y
social, para la instrumentación de políticas y
estrategias que contribuyan al cumplimiento
de la presente ley y garantice el mejoramiento
de la condición social de niñas, niños y
adolescentes.
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