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Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad
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Mirada
a la acción
* El fortalecimiento de la legislación federal y
estatal de protección de los derechos de la
infancia para que tengan la capacidad de
afectar a la legislación relacionada con la
justicia juvenil desde el espíritu de la CDN.
* El Estado debe emprender medidas para la
prevención de las situaciones de riesgo en
niños, adolescentes y jóvenes, a través de
múltiples programas preventivos que
garanticen la disminución de conductas de
conflicto social y apoyo técnico y financiero a
las iniciativas de la sociedad civil organizada
que trabajan en la prevención y atención de
este fenómeno.
* Apremiar al Estado mexicano, a que
instrumente las medidas administrativas,
legales y políticas necesarias para que cada
uno de las entidades federativas cuenten con
un sistema de administración de justicia de
personas menores de edad acorde con las
Normas y Tratados Internacionales.
* Implementar un programa nacional interinstitucional
de atención integral de las mujeres
reclusas y a sus hijos, tanto a las que
permanecen en los centros como a aquellas
que viven en el exterior.
* Reglamentar la Ley para la Protección de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con
el fin de asegurar su cumplimiento, incluyendo
la situación de las y los niños que se
encuentran en reclusión.
El 1 de abril de 2005, el Senado de la República ha dado un paso importante en esta
materia la reformar el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para crear lo que el decreto aprobado denomina un "Sistema nacional de
justicia penal para adolescentes". Las leyes mexicanas requieren que este tipo de
reformas a la Constitución para ser vigentes sean aprobadas también por la Cámara
de Diputados y por al menos la mitad de los Congresos estatales.
El Congreso de la Unión aprobó dicha reforma el 23 de Junio del mismo año. Cuando
se cerraba la edición de este documento, se tenía información de que 10 Congresos
locales ya habían aprobado esta reforma, por lo que se espera que este sistema pueda
ser creado. La reforma es la siguiente:
Articulo 18
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta
prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones,
tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema,
siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se
observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las
autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar
del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad,
por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
Este es un paso importante, que acerca la justicia mexicana en materia de infancia en
conflicto con la ley a las normas internacionales, sin embargo, quedan pasos aún
tortuoso, como es el hecho de que cada entidad de la República adecue las leyes
locales en esta materia y, posteriormente genere la infraestructura necesaria para
cumplirla. Ello significa la necesidad de trabajar para que los gobiernos locales que
consideran imputables penalmente a personas menores de 18 años se apeguen a este
artículo.También faltará que se generen los programas apropiados para atender a las
disposiciones estipuladas en la ley.
Red por los Derechos de la Infancia en México