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Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad
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1.2. Infancia: legislación
sin dientes
Recomendaciones del Comité relacionadas
10/11/99. CRC/C/15/ADD.112.:
* El Comité reitera su recomendación de que el
Estado Parte continúe el proceso de reforma
legislativa para velar por que la legislación
nacional relacionada con los derechos del niño, en
los planos tanto federal como estatal, corresponda
plenamente a los principios y disposiciones de la
Convención y refleje su carácter holístico.
Miradas
de atención:
* En México existe una tendencia creciente a
crear leyes en materia de derechos de la infancia
carentes de mecanismos de justiciabilidad y
exigibilidad. Establecen un marco jurídico
débil, que no favorece el desarrollo de políticas
públicas que protejan los derechos y que
permite la prevalencia de principios y
disposiciones discriminatorias y contrarias al
derecho internacional.
* No existe ninguna instancia a nivel nacional,
que apoye, colabore y se coordine con las
instancias estatales y municipales, para hacer
acordes las leyes y mecanismos de protección
a los derechos del niño. Un ejemplo de esta
ausencia es el hecho de que el gobierno
federal no cuente con un seguimiento del
número de leyes.
En México se han registrado avances respecto a la recomendación anterior.
A diferencia de las once leyes estatales sobre derechos de la infancia que el Gobierno
mexicano reporta en su Tercer Informe al Comité, la Red por los Derechos de la
Infancia en México ha identificado veinte leyes de este tipo en las siguientes
entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Distrito Federal, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán de Ocampo, Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas. Algunas de estas leyes incluyen en su título la noción de
derechos y otras lo hacen sólo en su articulado. Desde esta perspectiva, faltarían 12
estados de la República, poco más de la tercera parte del total, por legislar en
materia de derechos de la infancia.
Desde las primeras leyes estatales promulgadas (Morelos y Zacatecas en 1997) a la
más reciente (Estado de México, 2004) existe una evolución notable en las
legislaciones, debido fundamentalmente a que a partir de la reforma y adición al
Artículo 4° Constitucional lograda en el año 1999 y a la Ley de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expedida por el Congreso de la Unión en
el 2000, las leyes locales han adquirido un lenguaje más concordante con los derechos
de la infancia derivados de la Convención.
No obstante que la existencia de un creciente marco jurídico inspirado en nociones
derivadas de la Convención es un avance importante a fin de crear la armonía
necesaria entre este tratado y las leyes que afecta a la infancia, un análisis más
detallado muestra que este nuevo marco jurídico es demasiado débil, para influir
determinantemente en las políticas, los programas y las prácticas que afectan el pleno
ejercicio de los derechos de la infancia.
Se trata, de manera preocupante, de leyes que carecen de los mecanismos de
justiciabilidad y exigibilidad para hacer valer los derechos, que mutilan los alcances de
la Convención y que presentan serias contradicciones frente a la doctrina de
protección integral derivada de la Convención. Lo más grave es que, en la mayoría de
los casos estas leyes, no aseguran una inversión de calidad en gasto público para
garantizar los derechos de la infancia, y cuando lo hacen, es mediante referencias poco
comprometedoras para los gobiernos estatales.
En su mayoría, descansan sobre instituciones obsoletas, con escaso presupuesto y
poder de convocatoria, y que en el mejor de los casos fomentan instancias de
consulta, en algunos casos con presencia ciudadana, pero no cuentan con la fuerza
jurídica y social para afectar las políticas públicas dirigidas a la infancia en forma
eficiente.
En parte uno de los problemas determinantes de esta situación es el hecho de que la
propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
pretendidamente de nivel federal, presenta graves limitaciones:
Red por los Derechos de la Infancia en México