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Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004
El Estado mexicano no ha dado cuenta de la anterior recomendación emitida por el
Comité e incluso no brinda información sobre su seguimiento en su Tercer Informe
al Comité, debido a que los principales organismos para la defensa de los derechos
de la infancia continúan siendo las procuradurías señaladas que son parte de los DIF
Estatales, y en general, emergen desde leyes estatales de la defensa del menor y la
familia, mismas que muestras graves deficiencias:
* La ley que crea el DIF es una ley, dirigida principalmente a normar sus acciones
asistenciales hacia grupos vulnerables y que por lo tanto, carece de la jerarquía y la
autoridad apropiadas para coordinar a las diversas instancias del Estado para la
protección de los derechos del niño.
* Como parte de la estructura de los DIF estatales, las procuradurías dependen,
exclusivamente del presupuesto asignado a este organismo, mismo que en la mayoría
de las ocasiones es insuficiente para que estas instancias amplíen su rango de
operaciones. Baste señalar, por ejemplo, que durante varios años el DIF Nacional no
ha logrado obtener recursos etiquetados para programas de combate a la Explotación
Sexual Comercial de la Infancia.
* Carecen de autonomía y poder para procurar y defender los derechos del niño,
incluso cuando estos son violentados por las propias autoridades o dentro de
programas de asistencia gubernamental.Así, los principales asuntos de intervención de
estas procuradurías son de carácter civil-familias (divorcios, adopciones, juicios de
tutela y en el mejor de los casos maltrato infantil o abandono) y en escasas
ocasiones actúan ante situaciones como la explotación sexual comercial o cualquier
otra violación a derechos de la infancia, como son los operativos de limpieza en
contra de niños de la calle o de detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
* Adicionalmente las Leyes de Protección de los Derechos del Menor y la Familia en
diversos estados no establecen con claridad las situaciones, ni los procedimientos
apropiados para tomar medidas relacionadas con los artículos 5° y 9° de la
Convención, aplicando la separación de los padres como último recursos. Lo que
amplia el riesgo de que el Procurador para la Defensa del Menor y la Familia cometa
actos de arbitrariedad, ya que en estas se carece de la obligación de crear programas
de apoyo para la educación y tratamiento de los padres lo que fortalecerá lo que ha
sido la principal práctica de tratamiento en estos casos: la separación del niño de su
la familia y la colocación en centros poco apropiados.
1.2.3. Deficientes
instancias de defensa de
los derechos de la
infancia en México
El Comité acoge con satisfacción el
nombramiento de 32 procuradores estatales para
la defensa de los derechos del menor y la familia
y toma nota del proyecto de ley general por la que
se establecen la función y los poderes que
acompañan a sus cargos. Sin embargo, el Comité
ve con inquietud los limitados poderes y recursos,
tanto financieros como humanos, de que disponen
estas procuradurías para proteger eficazmente los
derechos del menor. El Comité recomienda que el
Estado Parte continúe sus actividades, incluida la
adopción de medidas legislativas, para reforzar el
mandato y la independencia en los planos federal
y estatal y para aumentar los recursos financieros
y humanos de las Procuradurías Estatales de la
Defensa del Menor y la Familia. México.
10/11/99. CRC/C/15/ADD.112.
Mirada
de atención
* El Estado mexicano no ha cumplido con la
recomendación del Comité de los Derechos
del Niño de la ONU a este respecto.
Mirada
a la acción
Promover reformas legales a niveles tanto
federales como estatales para la creación de
las Defensorías de los Derechos de la Infancia
como servicios de protección y defensa
socio-jurídica de tales derechos y órganos
autónomos de interés público y con
presupuesto propio.
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