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Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad
La calificación refleja, por ejemplo que la ley de Baja California, la más baja en la
escala (0.7), no tutela los derechos de la infancia como propósito central, mientras
que el estado con una calificación más alta como la de Sinaloa (4.9), si lo hace. La ley
de Baja California utiliza el concepto "menor" para referirse a niñas y niños, además
de que no contempla un enfoque de género ni las diferencias necesarias entre
infancia y adolescencia.
Un punto fuerte de las leyes estatales es que definen como niño o niña a toda
persona menor de 18 años de edad, salvo la ley del estado de Tamaulipas que la
define por debajo de la misma o la de Zacatecas que hace referencia a la edad sólo
en términos de imputabilidad penal.
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Mirada
a la acción
* Creación de sistemas nacional, estatales y
municipales de protección de los derechos
con autonomía, fuerza jurídica y presupuesto
propio para operar y afectar prácticas y
políticas públicas.
* Promover la reforma al Artículo 73
Constitucional, para que la infancia y sus
derechos sean de competencia de
concurrencia de la federación y de los estados,
con la finalidad de proporcionar un marco
jurídico apropiado para que la Ley de
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, se reforme y pueda incidir en
las legislaciones locales.
* Se requieren de metodologías y
herramientas para evaluar la calidad de las
leyes de derechos de la infancia frente a la
Convención antes de proceder a su
aprobación y de mecanismos para reformar las
leyes vigentes a fin de que cumplan con el
espíritu, principios y disposiciones de este
Tratado.
Mientras leyes, como la del estado de Durango, contemplan al menos todos los
derechos establecidos en la Convención y además asignan a instituciones
responsables de garantizarlos; otras como la de Zacatecas y Morelos, por ejemplo,
omiten derechos fundamentales y son ambiguas o escasas para asignar instituciones
responsables.
Uno de los problemas comunes en todas las legislaciones es el referido a la carencia
de un adecuado Sistema de Protección de los Derechos de la Infancia, ya que en el
mejor de los casos se asignan a instituciones tradicional y exclusivamente
asistencialistas, como instancias responsables de la política pública derivada de esta ley
o generan mecanismos con poca fuerza jurídica para al coordinación de las políticas
públicas en los niveles federales, estatales y municipales, omitiendo tres aspectos
centrales que la Red por los Derechos de la Infancia ha venido planteado:
1. Consejos estatales y municipales de Protección y Promoción los Derechos de la
Infancia: como organismos rectores de las políticas públicas en materia de infancia.
2. Defensoría de la Infancia: servicio de protección y defensa socio-jurídica de los
derechos de los niños.
3. Sistema de Información Nacional sobre la Infancia: para apoyar la vigilancia y
evaluación de políticas, así como la generación de un nuevo conocimiento para el
desarrollo, que sensibilice, promueva y aporte al cumplimiento de los derechos de
niñas y niños. Este Sistema debe de estar conformado a su vez pos sistemas similares
a nivel estatal.
Las debilidades señaladas en las leyes provoca que el camino hacia la armonización del
marco jurídico vigente en todos los niveles del Estado sea un camino largo, sinuoso y
lleno de contradicciones por lo que es común que una ley de protección de los
derechos de la infancia en algún estado coexista con leyes que niegan tales derechos
-como es el caso de las leyes sobre menores infractores-.
Red por los Derechos de la Infancia en México