El uso del software libre en las administraciones públicas de la UE

22desarrollo espectacular de la industria del software como uno de losmotores de la nueva economía y se muestra escéptico sobre laposibilidad de que cualquier intervención gubernamental puedamejorar su funcionamiento actual. No existe una distorsión delmercado que la pudiera justificar. Este se basa en la competitividadde un sector muy dinámico en el que las empresas punteras cambianfrecuentemente, aunque existe el riesgo del monopolio, y en lacapacidad de innovación generada por la inversión en investigaciónde los beneficios procedentes de la propiedad intelectual. Estacapacidad de innovación no se centra en el modelo de producciónsino en sus resultados, la capacidad de anticipar las necesidades delos clientes y ofrecer un software adaptado a ellos, una capacidad queecha en falta en el software FLOSS, el cual, disponiendo de unmodelo de producción innovador, dedica muchas veces sus esfuerzosa imitar programas propietarios. Por otra parte, las ventajas deFLOSS con respecto al coste se relativizan si este se calcula a partirdel coste total de propiedad (TCO), que incluye la formación y elmantenimiento. Evans resume así su posición:If all governments were doing was picking the best technology based on cost andperformance, there would not be much for economists and legal scholars to fretabout. But in fact, there is substantial pressure on governments to give open sourcean artificial boost. Some proposals, for example, call for all government agencies touse open source software. Others call for giving procurement preferences tocompanies that offer open source software. Still others would require publicly fundedsoftware developers to release their products as open source. Even the Bundestagprocurement process makes one a bit suspicious— since when do legislators spendtheir time dictating hardware and software choices for their back offices? (Evans2000, 43).El punto de acceso de Evans es el mercado, y la situación actual delmercado, una situación que considera satisfactoria y que no precisade intervenciones correctoras. En esta situación, afirma, nada impideque el FLOSS alcance al software propietario por sus propios méritos.Desde esta perspectiva la elección de software es un tema técnico yeconómico, no político, y considera absurdo que los legisladoresdediquen su tiempo a estas cuestiones. Este punto es significativo,pues tanto para Taylor como para Evans el papel esencial que elgobierno mantenía en la NII para complementar y ampliar lasiniciativas privadas queda reducido, en el caso de su propia provisiónde software, a un papel de cliente y a unos criterios de elección queolvidan, por ejemplo, el peso político que tenía la pretensión deconseguir un acceso fácil e igualitario a toda la información oficial.Sin embargo, existe un tema relacionado que es competencia de loslegisladores, y es el que se refiere a la propiedad intelectual y, enconcreto, a las patentes de software. Evans, defiende, con algunosretoques, la situación actual de patentes como la forma adecuada de