El uso del software libre en las administraciones pÃºblicas de la UE

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57adecuadas a sus circunstancias personales. La Administración Pública, en estesentido, debe obedecer a los principios de igualdad y de no discriminación; por loque se hace primordial que no se favorezca una privatización de facto sobre el accesoa las nuevas tecnologías. Un ciudadano no puede acceder a las nuevas tecnologíascuando se le impone un sistema operativo o un software determinado. Si además esaimposición es costosa y arrastra grandes recursos innecesarios, se está negando laposibilidad de que, dichos recursos, se empleen para asuntos más perentorios. Enbase a estos principios y objetivos constitutivos, el Proyecto "Software-Libre en laAdministración", pretende que la Administración represente a la ciudadanía y quesea un servicio a las personas; y no, como resulta en la actualidad, sea un agujeronegropor donde se van ingentes cantidades de dinero a empresas privadas sin ningúnbeneficio ciudadano general. Esta lacra debe comenzar a evitarse en orden a losmedios que se utilizan para la gestión y administración pública. Uno de estos medioses el software que utilizan los numerosos ordenadores que sostienen y manejan lainformación administrativa (Hispalinux 2002).En el marco de esta campaña se produjeron diversas polémicas conrepresentantes de Microsoft. Una de ellas tuvo como origen lapublicación en la revista Bole.tic, de la Asociación profesional delCuerpo de Sistemas y Tecnologías de la Información de laAdministración del Estado (ASTIC), de dos artículos firmados por JoséMiguel Calderón y Pilar Gómez (Calderon 2002), ambos directivos deMicrosoft en España, en el que analizaban la intervención del estadoen el mercado a partir de argumentos próximos a Evans: lainexistencia de un déficit en el mercado que la justificase. El artículomotivó una respuesta de Hispalinux que se detenía en el concepto deintervención:Créannos si les digo que lamentamos tener que corregirles desde el primer párrafo,ya que los proyectos de ley, leyes, proposiciones o normas que se están planteando ose han aprobado ya en todos los países de los que tenemos noticias corresponden auna regulación de la forma, tipo y modo en que la administración pública adquiere, oadquirirá a partir de su aprobación, bienes y servicios informáticos o consultoría denuevas tecnologías. En ningún caso se trata de intervención del mercado, comoustedes afirman, puesto que cualquier otro cliente puede seguir estableciendo suspropios criterios de adquisición, como no podría ser de otra manera (Hispalinux2002).Lo que esta puntualización subraya es que la adopción por parte de laadministración de criterios propios en la adquisición de software nopuede considerarse una intervención en el mercado, no a ese nivel,pues en este caso la administración se comporta, a nivel de mercado,como cualquier otro cliente con sus propios criterios, y estecomportamiento no impide que un cliente distinto utilice criteriosdiferentes, o que un determinado proveedor acepte estos criterios. Laidea, que se ha intentado extender, de que adopción de criterios noexclusivamente técnicos o económicos en la provisión de software porparte de las administraciones supone una intervención en el mercado
58sigue un patrón norteamericano y pone en evidencia, en realidad, laimportancia de la administración como cliente.En Catalunya, Softcatalà desarrolló también una campaña (Manifest2002) en favor del uso del FLOSS en la administración pública. Lacampaña se desarrolló a lo largo del 2002 y recogió 1760 firmas. Elmanifiesto de base recogía una serie de ventajas del FLOSS conrespecto al software propietario: la mejora de la inversión pública y laposibilidad de innovación tecnológica a nivel local, el examen públicodel programa y la rapidez en la corrección de errores, laindependencia del proveedor, la flexibilidad con respecto a laslenguas nacionales, y en especial las minoritarias, la mejor gestión delos datos personales y una mayor garantía de la privacidad y de laseguridad, incluso de la seguridad nacional, así como la garantía decontinuidad de los programas con independencia de la actividad delas empresas. Un aspecto especialmente destacado es la posibilidadque el FLOSS proporciona de utilizar programas adaptados acualquier lengua, y en concreto al catalán, con una traduccióncompleta que abarque desde la documentación hasta los mensajes deerror.És sabut que el Govern de Catalunya ha pagat a Microsoft repetidament per finançarla creació de versions en català del sistema operatiu Windows. Cada vegada, elresultat ha estat decebedor, principalment a causa del fet que, en poc temps, lesversions en català esdevenien obsoletes i no hi ha hagut cap voluntat per part deMicrosoft per actualitzar-les. En aquest aspecte, la Generalitat ha estat supeditada ales condicions que Microsoft li ha imposat com a propietària del programari. Encanvi, en el món del programari lliure, entitats com Softcatalà o usuaris individualshan aconseguit crear i mantenir programes traduïts al català amb èxit reconegut.Moltes d'aquestes traduccions han estat possibles gràcies al fet que el programari notenia limitacions legals en aquest sentit (Softcatalà 2002).El manifiesto también incluye una propuesta sobre los criterios quedebía utilizar la administración en la provisión de software, sobre todode software de base y ofimático, criterios que incluirían suaccesibilidad y universalidad en términos de bajo coste y bajosrequerimientos de hardware, el uso de protocolos estándar, laadaptación a la lengua, garantía de privacidad y seguridad yexistencia de soporte técnico y servicios.Paralelamente a la campaña de Softcatalà, el partido EsquerraRepublicana de Catalunya (ERC) presentó, en abril del 2002, unaproposición de ley al Parlament de Catalunya sobre el software libreen el marco de la administración pública de Catalunya (Esquerra2002a), firmada por Pere Vigo y Josep Huguet, que fue rechazada. Enmayo del 2002, ERC presentó, a través del Grupo Mixto, unaproposición similar en el Congreso de los Diputados (Esquerra
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