psicología social: perspectivas y aportaciones hacia un mundo posible

La psicología jurídico-forense en méxico y los juicios orales en materia penal1692003); es decir, existe una tendencia a ser injustos, a ser el hombre el enemigo del hombre, por loque, para inhibir, apaciguar o remediar esas tendencias recíprocas y los conflictos consecuentes, serequiere una fuerza superior represora que permita la vida civilizada (véase Freud, 1986, y Hobbes,1984), la cual es representada por el Estado: la violencia institucionalizada como vía para limitar laviolencia de los individuos y los grupos.Se supone que el Estado promueve y protege el libre ejercicio de los derechos individuales ycolectivos, para lo cual establece leyes e instituciones adecuadas a las circunstancias y su evolución,mismas que deben actuar como límite a la acción punitiva del Estado (Zaffaroni, Aliaga y Slokar,2002). Las leyes o normas de conducta indican lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer paravivir en paz y armonía social. Dichas leyes deben ser observadas, es decir, cumplidas por todos losintegrantes de una comunidad política en la que se desenvuelvan o estén de visita.Las instituciones promueven y vigilan el cumplimiento de esas leyes, para lo cual emiten señalizacionesy documentos, así como establecen sanciones aplicables a quienes no acaten esas normas.No hay sanción sin ley correspondiente (nulla poena sine lege). El derecho de los particulares y dela colectividad se traduce en amenaza de sanción por parte del Estado hacia los infractores, enpersecución y aplicación de dicha sanción cuando se comprueba la conducta prohibida. Así, lalibertad está limitada por los derechos de los demás, quienes —si se ven afectados— pueden exigirque se multe, se embarguen bienes, se suprima la libertad y, en algunos casos, hasta la muerte delos infractores, según la gravedad del caso. A veces se sanciona a una persona inclusive por haceraquello que le afecta solamente a ella misma. Es decir, su representante, el Estado, tiene prioridadpara vigilar los intereses personales de aquélla (por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad almanejar, el consumo de drogas, la realización de acciones peligrosas o la entrada en lugares peligrosossin que ello afecte a otros).La posible aplicación de las sanciones también está normativizada y las instituciones debenllevar a cabo una serie de pasos para garantizar que éstas sean justas. Aplicar la sanción es un derechode la comunidad representada por el Estado como una manera de compensar, inhibir, limitary/o resarcir el daño individual o colectivo derivado de la ejecución (individual o colectiva) de undelito 5 (un determinado tipo de conducta establecido en la ley para la protección del derecho delos demás). Para ello existe en cada comunidad un código penal y un código de procedimientospenales. El derecho penal, según Alberto Arteaga Sánchez, cumple así “una función propulsora deinstrumento de progreso y de elevación del hombre y de la sociedad” (1997: 26).El concepto esencial de esta acción jurídica del Estado, y de la comunidad representada por eseEstado, es que la mejor opción para compensar, inhibir, limitar y/o resarcir el daño real o potencialocasionado por una persona es aplicarle una sanción o castigo, una pena, es decir, generarle unsufrimiento. El concepto penal no trata únicamente de limitar que una conducta vuelva a ocurrir oque simplemente se restablezca un daño (como devolver lo robado), sino que la penalidad significatambién un escarmiento para la persona, una demostración a los demás de lo que puede ocurrirlessi cometen un delito y una compensación emocional al agraviado.5El delito es también, según refiere Montoro (2000) citando a Muñoz Conde (1991), la acción u omisión típica, antijurídica,culpable y punible. En todas las definiciones de delito, uno de los elementos fundamentales es el tipo,mismo que para Carrancá y Rivas (2004) es “la hipótesis legislativa que consiste en la descripción de la acciónconsiderada delictiva”.