Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España ...

SISTEMA NORMATIVOMinisterio de Trabajo de 27 de junio de 1997, en laque se regulan las condiciones de acreditación delas entidades especializadas como servicios de prevenciónajenos a las empresas, de autorización delas personas o entidades especializadas que pretendandesarrollar la actividad de auditoría del sistemade prevención de las empresas y de autorizaciónde las entidades públicas o privadas paradesarrollar y certificar actividades formativas enmateria de prevención de riesgos laborales.Por otro lado, las autoridades sanitarias se hanpreocupado de reservar para sí la fijación de los requisitosque debe cumplir la parte sanitaria de losservicios de prevención, tanto los servicios propioscomo los ajenos. Inicialmente se llegó en 1997 y 2000a unos acuerdos en el Consejo Interterritorial delSistema Nacional de Salud, en los que, frente a lasdisposiciones del Reglamento de los Servicios dePrevención, se llegaba a prever la autorización porla autoridad sanitaria de la parte sanitaria de todotipo de servicios de prevención, propios y ajenos. Esaexigencia de autorización no carece de base legal,puesto que los artículos 29.1 de la Ley 14/1986,General de Sanidad, y 27.3 de la Ley 16/2003, de cohesióny calidad del Sistema Nacional de Salud, exigenuna autorización administrativa previa para lainstalación y funcionamiento de los centros y establecimientossanitarios, entre los que se cuentan,como prevé expresamente el Real Decreto1277/2003, de 10 de octubre, los servicios que realizanactividades sanitarias integrados en organizacionesno sanitarias, como las empresas. A su vez algunascomunidades autónomas han dictado normas,amparándose en sus competencias en materia de sanidad(lo que resulta ciertamente dudoso) para regularlos requisitos exigibles a la parte sanitaria delos servicios de prevención y establecer ciertas condicionesde autorización y/o funcionamiento.El sistema de gestión de la prevención implantadoen España a partir del esquema matriz contenidoen la Directiva Marco se basa en la existenciade una actividad técnica obligatoria en todaempresa dirigida a la evaluación de riesgos laboralesy a la planificación de la actividad preventivasubsiguiente. Esta actividad debe quedar formalmenteincorporada a uno o varios documentosque deben estar a disposición de los representantesde los trabajadores y de las autoridades laboralesy sanitarias. A su vez se regularon unas certificacionesde formación y se fomentó laimpartición masiva de cursos y másters, en la mayorparte de los casos por empresas privadas, cono sin subvenciones públicas, dirigidos a certificarla formación de técnicos de diferentes niveles ycualificaciones, si bien la calidad de la formaciónimpartida ha sido por lo general deficiente. Esostécnicos debían ser contratados para formar partede las estructuras preventivas internas de la propiaempresa o bien para prestar servicios para empresasespecializadas subcontratadas para realizarestas tareas preventivas. Esta estructura preventiva,propia o subcontratada, es obligatoria para lasempresas y debe encargarse no solamente de realizarla evaluación de los riesgos y la planificaciónpreventiva, sino también de formar a los trabajadores,practicar las actividades de vigilancia de lasalud a través de personal sanitario, planificar lassituaciones de emergencia, etc. De hecho la legislacióny la práctica han favorecido la subcontrataciónde las actividades preventivas de las empresascon entidades especializadas autorizadas porlas Administraciones laborales autonómicas paraactuar como “servicios de prevención”, aun cuandose contemplan algunos límites a la subcontrataciónpara el caso de las empresas de mayor tamaño.Esto es así hasta el punto de que la empresaque no subcontrate completamente su actividadpreventiva se ve obligada a pasar una auditoríapor entidades especializadas autorizadas para ellotambién por las Administraciones laborales autonómicas,mientras que las que opten por la totalsubcontratación son eximidas de ese requisito. Porello, en distintos sectores profesionales y sindicalesse piensa que el sistema español podría mereceruna censura desde el punto de vista delDerecho Comunitario análoga a la recibida por losPaíses Bajos en la sentencia de 22 de mayo de 2003del Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas en el asunto C-441/01.La normativa española no ha confiado la subcontrataciónde las tareas preventivas exclusivamentea las empresas acreditadas por lasAdministraciones como servicios de prevención,sino que ha concedido un importante papel a lasMutuas aseguradoras de accidentes de trabajo, entidadesprivadas controladas por los empresariosasegurados y que cumplen funciones de colaboraciónen la gestión de la Seguridad Social. LasMutuas fueron autorizadas para ejercer como serviciosde prevención por la Ley de Prevención deRiesgos Laborales y después, en los mismos términosque los servicios de prevención puramenteprivados, por el Reglamento de Servicios dePrevención (Real Decreto 39/1997). Su actuacióncomo tales servicios de prevención se desarrollópor una Orden del Ministerio de Trabajo de 22 de171