Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España ...

MANUEL CARLOS PALOMEQUEce inclusive el propio art. 15.1 LPRL], como un deberde medios y no de resultados, como un deberpermanente y de adaptación variable y, en fin,como un deber no compensable con las obligacionesimpuestas a otros sujetos [al propio trabajador,sin ir más lejos]. O, dicho de otro modo, que el cumplimientopor parte del empresario de todas las medidasde protección que estén previstas legalmente[se quiere ver así la enumeración normativa de lasobligaciones integrantes del deber de proteccióntan sólo como un recordatorio ejemplar, sin que, porlo mismo, llegue a agotar su contenido genérico] nole inmuniza, de modo automático y necesario, detoda responsabilidad, si se demuestra que algunade ellas, no adoptada por no haber sido establecida,era racionalmente necesaria. Por decirlo con elTribunal Supremo, «la diligencia requerida [al empresarioen cumplimiento de su deber legal de protección]comprende no sólo las prevenciones y cuidadosreglamentarios, sino además todos los que laprudencia imponga para prevenir el evento dañoso,con inversión de la carga de la prueba y presunciónde conducta culposa en el agente» (TribunalSupremo, Sala 1.ª, sentencias de 3 de julio de 1998y de 18 de junio de 2004, de entre una abundantejurisprudencia).Y, sin embargo, y aquí radica la tercera construcciónde la relación anunciada, el legisladorprocede sin ambages y de modo directo a la determinacióndel contenido del deber de proteccióndel empresario. No es que, sin más, el empresarioesté obligado a la adopción de cuantas medidassean necesarias para la protección de la seguridady salud de los trabajadores, como es verdadque exige el artículo 14.2 LPRL, sino que este preceptolegal obliga a hacerlo acto seguido, de formaexpresa y elocuente, «con las especialidadesque se recogen en los artículos siguientes», que seextienden, conviene no olvidar, a la formulaciónexpresa legal de hasta doce grupos de obligacionesrelativas al conjunto del espectro de la acciónpreventiva.La determinación del deber de proteccióndispone legalmente, a fin de cuentas, de las siguientesespecificaciones de su régimen jurídicoa lo largo del articulado de la Ley de Prevenciónde Riesgos Laborales y de su amplio desarrolloreglamentario: 1. La expresión legal delos principios generales de la acción preventiva(art. 15). 2. El plan de prevención de riesgoslaborales en la empresa [evaluación de riesgosy planificación de la actividad preventiva](arts. 16 y 23), con la consiguiente facilitacióna los trabajadores de equipos de trabajo y demedios de protección individual adecuadospara el desempeño de sus funciones (arts. 17 y23). 3. La formación de los trabajadores (art.19). 4. La actuación en situaciones de emergencia(art. 20) y de riesgo grave e inminente (art.21). 5. La vigilancia periódica del estado de saludde los trabajadores en función de los riesgosinherentes al trabajo (arts. 22 y 23). 6. Laprotección de trabajadores especialmente sensiblesa determinados riesgos (art. 25). 7. Laprotección de la maternidad (art. 26). 8. La protecciónde los menores (art. 27). 9. La protecciónde los trabajadores temporales y los contratadospor empresas de trabajo temporal (art.28). 10. La organización de la prevención y laconstitución de servicios de prevención (arts.30 a 32 bis, cap. IV). 11. La intervención colectivade los trabajadores en la realización de laprevención de riesgos laborales [información yconsulta, representación específica a través dedelegados de prevención y participación institucionalmediante comités de seguridad y salud](arts. 33 a 40, cap. V). 12. La coordinaciónde actividades empresariales (art. 24).No creo por ello que la posición tradicional yextrema antes descrita del deber de protección delempresario sea compatible, no ya con el principioconstitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE),sino ni siquiera con el propio sistema legal vigentede prevención de riesgos laborales. Cuando laLey de Prevención de Riesgos Laborales estableceque la adopción por el empresario de las medidasnecesarias para la protección de la seguridady la salud de los trabajadores deberá hacersede modo necesario en el marco de las especialidadesrecogidas, parece claro que el legislador haquerido ir más allá de la mera ejemplificación,para acometer en sentido estricto una operaciónjurídica de determinación del contenido del deberde protección empresarial. Y, en suma, el alcancepositivo del todavía así llamado por la ley debergeneral de protección no podrá desembocar, seguramente,en la ilimitada y excesiva figura quea veces se quiere presentar.Y, por último, ya en cuarto lugar de la serie deconstrucciones advertidas, el deber de proteccióndel empresario no ha dejado de experimentar porcierto, a lo largo de su configuración institucional,10