Estudios de caso en Costa Rica

Gestión local y participación en torno al pago por servicios ambientales: estudios de caso en Costa Ricaregulación del ciclo hidrológico como servicio ambiental y orientan sus esfuerzos a la protecciónsostenible de cuencas. El PSA por belleza escénica se encuentra en una fase inicial y estárelacionado con proyectos turísticos.En el ámbito de generación de energía se rescatan principios de implementación conjunta ydesarrollo de mecanismos limpios. Varias empresas han reconocido la regulación del ciclohídrico como un servicio ambiental, y han procedido a realizar contratos con dueños de tierras encuencas hidrográficas utilizadas para la generación hidroeléctrica. Tal es el caso de conveniosentre Energía Global de Costa Rica y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera VolcánicaCentral, en la cuenca del río Volcán, en la región de Sarapiquí. Más adelante, surge la ampliaciónde convenios por parte de la Empresa Matamoros, en la cuenca del río Platanar, San Carlos ytambién, las experiencias de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en la cuenca del ríoAranjuez, dentro de una tendencia a incorporar otros como los de las empresas cerveras ubicadasen la porte baja del acuífero Barva, en la provincia de Heredia.El proceso de PSA voluntarios por parte de las empresas hidroeléctricas tienen la intensión deresguardar su materia prima: el agua para generación de electricidad. Al amparo de la Ley 7200(1990) el ICE suscribió contratos de generación eléctrica con empresas privadas que representanun 12% de la capacidad instalada en el país (LN, 31-7-00:4 A). Entre las más grandes está laEmpresa Matamoros, que firmó un convenio voluntario con SINAC y FONAFIFO, a través de lamediación de FUNDECOR y CODEFORSA, donde se compromete a pagar US$30 /ha/año, enzonas de bosque de protección prioritarias, durante un plazo de diez años. La empresa está enproceso de adquirir la certificación internacional dentro de las normas internacionales de manejoambiental sostenible (ISO). Por su parte, la ESPH empezó a cobrar una “tarifa hídricaambientalmente ajustada” para invertir en PSA a corto plazo, y asegurar el abastecimiento futuro.Esta experiencia se sale de la normativa y canales establecidos a través de FONAFIFO, creandouna opción nueva mediante el establecimiento de un fideicomiso para PSA, operado por la propiaempresa.La construcción de represas hidroeléctricas ha sido una fuente de conflictividad socio ambiental,debido a la falta de planificación e integración intersectorial (ordenamiento del territorio, manejode cuencas, planes reguladores municipales), la carencia de estrategias de participación yconcertación de actores sociales diversos y debilidades en la aplicación de estudios de impactoambiental. Concretamente, la desconfianza en las comunidades se manifestó en el cantón deSarapiquí, donde 2,036 personas votaron en el plebiscito a favor de que se declare el río delmismo nombre Monumento Histórico y Natural (sólo un 7% estuvo en contra), impidiendo laconstrucción de nuevas represas por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia(ESPH) (Véase capítulo 3).El mapa elaborado por FONAFIFO (figura No.7) sobre la ubicación de proyectos de PSA en elpaís refleja que este programa abarca todas las regiones del país y que aún existen áreassignificativas en las cuales pueden generarse nuevas iniciativas.19