Estudios de caso en Costa Rica

Gestión local y participación en torno al pago por servicios ambientales: estudios de caso en Costa Ricapresidencia ejecutiva del IDA (IDA-AG, 18 enero 2000) orientada a restringir el PSA enasentamientos campesinos bajo su competencia en todo el país.El IDA dispuso que a partir del año 2000 sus beneficiarios no pueden tramitar los beneficios delPSA, que accesaban a través del CACSA, porque los terrenos entregados (fincas con promedio de10 ha) son de aptitud agrícola y no forestal, aunque en algunos casos la experiencia indica locontrario 58 . Además, el IDA interpreta que los parceleros están siendo “doblemente benefiados”:a) con tierras por parte del IDA y b) con PSA, a través de FONAFIFO, desvirtuándose lanaturaleza del proceso de adjudicación de tierras para el desarrollo rural. Tampoco se ha logradoresolver el traspaso de terrenos en asentamientos con “parches de bosque”, del IDA al MINAE, locual impide el desarrollo de nuevos proyectos manejados por pequeñas organizaciones (turismo,con mujeres, etc) 59 . Mientras tanto, en esos “parches” continúa la llamada “deforestaciónhormiga” y algunos proyectos de organizaciones de base se encuentran estancados. La forma enque se está interpretando la aplicación de esta norma afecta a productores con intensiones decontinuar siendo beneficiados a través del CACSA/FUNDECOR y a quienes intentan generarnuevos contratos. Por otra parte, esta situación coloca a los parceleros del IDA en desventajafrente a otras iniciativas privadas de PSA que se están generando a través de la bolsa nacional devalores, en el marco del mercado internacional, con base en mecanismos de certificacióninternacional y dinámicas bursátiles poco claras hasta ahora.El IDA, se creó como institución autónoma para ofrecer oportunidades a los campesinos sin tierray ha jugado un papel protagónico en los procesos de recampenización nacional y en Sarapiquí. Enla actualidad esa disposición adoptada por el IDA, se contrapone a sus propios objetivos –porejemplo, en el asentamiento Sonora se ubicaron 33 familias de las que solo quedan 10, comoconsecuencia de las limitaciones para usar los recursos -, sino que también se enfrenta a lalegislación nacional (la ley forestal no permite cambio uso del suelo) y a estrategias contenidas enplanes nacionales de desarrollo 60 , así como a las que impulsan organizaciones locales para eldesarrollo forestal sostenible en la región.La disposición del IDA trae consecuencias colaterales que afectan la operación deorganizaciones como el CACSA. Este centro agrícola, al igual que otros a nivel nacional, hanservido de intermediarios entre los productores y FONAFIFO para la implementación del PSA.Esta intermediación les permitía contar con fondos (18 % del PSA a cada productor) operar sugestión administrativa y en la actualidad, se vislumbra una posible crisis económica. Ese acuerdotambién puede contraponerse al cumplimiento de objetivos de FONAFIFO, relacionados con elfinanciamiento y beneficio de beneficio de pequeños y medianos productores, mediante crédito uotros mecanismos de fomento al manejo del bosque y desarrollo de recursos naturales,intervenido o no, tales como reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales,recuperación de áreas denudadas y cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrializaciónde los recursos forestales (Art. 46 Ley Forestal No. 7575).58 Muchos terrenos entregados por el IDA son de bajo potencial agrícola. Asentamientos como El Roble yKay Rica, en los alrededores de La Virgen de Sarapiquí, están ubicados en terrenos de vocación forestal ,según opinión de beneficiarios y funcionarios del IDA (entrevistas a beneficiarios del IDA en losmencionados asentamientos, enero 2001).59 Entrevista con el gerente ejecutivo del IDA , Marcos Bolaños, junio 2001. También proyectos deorganizaciones de asentamientos de San Carlos para desarrollar esos remanentes de bosque han sidorechazados.60 El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2001) pretende que las actividades forestales sean consideradascomo actividades productivas.57