LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

PRÓLOGO
Dueño de una sólida formación intelectual, como se pone
de manifiesto en sus Opúsculos, publicados entre 1863 y 1874,
abogado de éxito y, con Joaquín Francisco Pacheco, introductor
en España del periodismo jurídico, Juan Bravo Murillo fue
uno de los políticos españoles más destacados del siglo XIX.
Como Balmes, con quien está intelectualmente emparentado
de manera muy estrecha, sentía un manifiesto desprecio por la
política y por la retórica parlamentaria y, en contrapartida, un
notable entusiasmo por la Administración y las «mejoras positivas»
de los pueblos. Ocupó altos cargos en la Administración (y
desde luego en la política) isabelina: ministro de Gracia y Justicia
en 1847, de Comercio, Instrucción y Obras Públicas entre
1847 y 1849 –un Ministerio que pasaría a llamarse de Fomento
en 1851, por iniciativa del propio Bravo Murillo- y de Hacienda
entre 1849 y 1850, tras la dimisión de Alejandro Mon;
para alcanzar la presidencia del Gobierno desde principios de
1851 hasta fines de 1852. Un Gobierno al que, por su carácter
hoy diríamos tecnocrático, se llamó jocosamente «El Honrado
Concejo de la Mesta», y que contó con el apoyo entusiasta del
grupo dirigido por Manuel de la Pezuela, marqués de Viluma,
situado a la derecha del partido moderado. Desde estos puestos
el político extremeño reformó planes de enseñanza, forjó un
plan de carreteras, proyectó canales, faros y puertos, auspició
la construcción de ferrocarriles, mejoró la minería, modernizó
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