LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Juan Ignacio Marcuello Benedicto
los impuestos admitidos en los presupuestos aprobados se exigirían
y cobrarían constitucionalmente, como regirían constitucionalmente
los mismos presupuestos»–.
Más allá del innegable intento de superar el contraste y divorcio
en aquel tiempo entre las disposiciones presupuestarias
de la Constitución formal y las prácticas extraordinarias efectivamente
registradas, lo cierto, y el mismo tono de los términos
de Bravo Murillo lo insinuaban, es que en la defensa de su propuesta
lo que subyacía fundamentalmente era la preocupación
por evitar el potencial de dichas disposiciones en orden a limitar
la prerrogativa regia, especialmente la de libre nombramiento
de Ministros y disolución ilimitada de Cortes, en el sentido
de forzarla a adecuarse a las convenciones del régimen de las dos
confianzas como incipiente tránsito a la forma de gobierno de
una Monarquía parlamentaria.
Aquella concreta propuesta no llegó a prosperar al igual
que el conjunto de la reforma del 52, pero de su perseverancia
fue muestra de que reapareciese en la versión reducida de la
misma que supuso el subsiguiente proyecto del Ministerio del
Conde de Alcoy en 1853, también finalmente malogrado.
Por un lado, como había sucedido ya con la propuesta
sobre anticipación de disposiciones legislativas, la idea de los
Presupuestos permanentes parecía ser un eco o un presumido
intento de dar una respuesta «normalizadora» a las prácticas
extraordinarias que hasta aquel momento se estaban registrando
en la materia y a la falta de regular observancia de las disposiciones
constitucionales al respecto, especialmente de los
citados arts. 72.º y 75.º de las Constituciones de 1837 y 1845,
respectivamente. Debe tenerse presente que en el periodo que
media entre la promulgación del Estatuto Real y la revolución
de 1854, en esas veinte anualidades, sólo se acordaron, conforme
a las mismas, cuatro leyes de Presupuestos: la de 26 de mayo
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