LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Conservadurismo autoritario y antiparlamentarismo...
Tanto Balmes, en el marco del proceso de reforma política
de 1844-45, como Bravo Murillo, al defender años después
en sus Opúsculos su reforma de 1852, tomarían pie en estas
prácticas para, por un lado, denunciar que las mismas ponían
en evidencia las insuficiencias del modelo de proceso legislativo
previsto en las Constituciones liberales en orden a garantizar la
gobernabilidad de la Nación; y, a la vez, al considerar aquellas
como dictadas por la «necesidad» impuesta por la realidad a
este último fin, defenderían la precisión de «normalizarlas» en
el texto de la Constitución formal, evitando así el inconveniente
contraste y divorcio entre las disposiciones de ésta y la práctica
político-parlamentaria efectivamente registrada, y argumentarían
con lo que había de ganarse con su regulación expresa en
cuanto fuerza legal e, inclusive, mayores garantías de control,
frente a la inconveniente discrecionalidad imperante hasta el
momento en dicho campo. En un juego que parecía querer
hacer de la «necesidad» en casos extraordinarios, «virtud», el
político extremeño se expresaría en los siguientes términos a
tucional que aquellos entrañaban; a cuyo efecto el Ministerio expresaba su compromiso de
que serían «presentados» en el término perentorio de la «próxima legislatura» para «obtener
la aprobación de las Cortes». Pero cuando se abrieron las nuevas (30-III-1867) aquel Gobierno
se limitó a presentar un proyecto de ley «Declarando libre al actual Ministerio de la
responsabilidad en que haya incurrido por todos los actos de su administración en que se
hubiera abrogado las facultades del poder legislativo» (Dsc, Congreso de los Diputados, Legislatura
1866-67, Apéndice 6.º al núm. 6), un proyecto de bill de indemnidad, comprensivo
de un «artículo único», por el cual y como consecuencia del acuerdo de ésta, se «declaraban»
leyes del Reino «todas las resoluciones promulgadas» por el Gobierno en virtud de los
citados Reales Decretos, siéndolo en bloque y sin presentarse ni someterse, por separado,
cada uno de los «proyectos de ley» referidos, para su tramitación en Cortes conforme a las
reglas de procedimiento legislativo dispuestas en sus Reglamentos. Una solicitud de bill de
indemnidad que, inclusive, en materia de Imprenta no había tenido precedente en las ocasiones
previas enumeradas. Para un estudio más pormenorizado sobre la legislación vía Real
Decreto en la época, y en el revelador caso de la regulación sobre libertad de Imprenta, me
remito a lo dicho en Juan Ignacio Marcuello Benedicto, «La Corona y la desnaturalización
del parlamentarismo isabelino», op. cit., págs. 15-36 y «La libertad de Imprenta y su marco
legal en la España Liberal» en Revista Ayer, número monográfico sobre Derechos y Constitución
(ed. de Rafael Flaquer) núm. 34, 1999, págs. 65-93.
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