LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Juan Ignacio Marcuello Benedicto
Ministerio viene envuelto el derecho de gobernar… es evidente
que el rey promoviendo la crisis, no obra ni por inspiración de
las Cortes ni del Ministerio, toma la iniciativa por un pensamiento
propio o sugerido por personas irresponsables; el rey,
pues, no solo reina, sino gobierna, ya que ejerce motu proprio
un acto que tiende a producir un cambio de gobierno en el
país. 46
Posteriormente, ya en el curso del debate en Cortes de la
reforma constitucional del 45, el cualificado portavoz de la minoría
monárquica, S. Tejada, en su polémico discurso-enmienda
a la totalidad, pronunciado en el Congreso en la sesión de
11 de noviembre de 1844, abundaría en esta línea argumental.
Presumiendo que los «silencios» del proyecto de reforma del
Ministerio Narváez venían a seguir dando amparo a las prácticas
del régimen de las dos confianzas, rechazaría de plano las potencialidades
del mismo en cuanto a constreñir la prerrogativa
regia a adecuarse al juego de las mayorías parlamentarias. Para
el mismo, y por un lado, la falta de reconocimiento y regulación
expresa de aquel en la Constitución formal solamente podía interpretarse
en sentido desautorizador. Por otro, y a su vez, en
una valoración peyorativa de aquellas mayorías, como simples
mayorías «aritméticas», circunstanciales e inestables, les negaría
46 El Pensamiento de la Nación, núm. 12, de 24 de abril de 1844. Señalamos que el
criterio de Balmes se adecuaba más a la realidad práctica del régimen isabelino, en cuanto
en este el inconveniente recurso a llegar a concederse hasta dos decretos de disolución a
un mismo Gobierno, mediando un voto de censura del Congreso, -y esto se produce en
1839 en época del Ministerio Pérez de Castro y se dará en 1851-52 con el Gobierno Bravo
Murillo-, tendió a desnaturalizar el pretendido carácter arbitral de la disolución y convertir
ésta, más bien, en sostén de Gobiernos no parlamentarios, de exclusiva confianza regia, y
por ende, en un instrumento más directamente al servicio del Trono como efectivo árbitro
del signo político de los responsables del poder gubernativo. Además, aunque en otro orden
de cosas, en nuestros días, ciertos autores ven en la disolución parlamentaria un atributo
característico y definidor de los depositarios de la función de gobierno; véase Luis Sánchez
Agesta, «Gobierno y responsabilidad» en Revista de Estudios Políticos, núm. 113-14, 1960
págs. 35-63.
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