LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Juan Ignacio Marcuello Benedicto
la hora de defender su polémica propuesta del art. 20.º en el
proyecto de Constitución de 1852:
Se puede, por tanto, asentar, como doctrina universalmente
reconocida, que la facultad del poder ejecutivo de dictar en
ciertos casos, disposiciones legislativas, sometiendo después los
Ministros responsables su conducta al juicio de las Cortes, aunque
no escrita en la Constitución, sino más bien contraria a su
texto, es una facultad reconocida como necesaria y admitida de
hecho, que constituye real y verdaderamente una práctica parlamentaria.
El haber dictado tan frecuentemente, en los tiempos
de agitación y turbulencia, casi todos los Gobiernos, de todos
los partidos, disposiciones legislativas, probaría la absoluta necesidad
de hacerlo, procurando con ello la salvación del Estado…
Y defendiendo la precisión y conveniencia de dar cobertura
y regulación constitucional expresa a dicha práctica, añadiría:
Si es absolutamente necesaria esta facultad en el poder
ejecutivo ¿qué razón puede haber para no consignarla, para
no escribirla, para no formularla?... Estando consignada en el
Código fundamental, el uso que se haga de ella es legal…y el
precepto se impone, no por la fuerza, sino en virtud de la ley.
No estando consignada, no puede decirse que la disposición
dictada es el ejercicio de una facultad legal: podrá decirse que
lo es de una potestad que la necesidad confiere y que por tanto,
es legítima; pero cuanto mayor es en este caso el pretexto para
la desobediencia, y cuanta más necesidad habrá de fuerza?... 68
68 Juan Bravo Murillo, Opúsculos, op. cit., Tomo IV, capítulo 3.º del libro ii, págs. 226-
228. Para la argumentación en extenso, véase texto «seleccionado» en epígrafe ii, 2, del
apartado de «Documentos» del presente libro.
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