LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Juan Ignacio Marcuello Benedicto
bles prescripciones de la ley para resolver: si estuviese encargado
el decidir al Tribunal Supremo de Justicia»–. 103
Es bien cierto que, conforme a prácticas previas ampliamente
acreditadas, la argumentación de Bravo Murillo no carecía
de sólido fundamento. De prácticas «obstruccionistas» de
las minorías de oposición para, con el debate de Actas, retrasar
la «constitución definitiva» del Congreso, –caso ejemplar de lo
acontecido en las Cortes de 1840, en tiempos del Ministerio
Pérez de Castro, por parte de la oposición progresista–, o de
la habitual cobertura de las mayorías de turno sobre Actas en
litigio de sus miembros, había a la fecha vivas muestras. Pero
también es cierto que aquella propuesta no podía por menos
de andar en menoscabo de las garantías que el sistema constitucional
venía dando a la autonomía orgánica de las Cortes
hasta el momento. Y además, con la supresión del debate de
Actas se venía a neutralizar lo que venía constituyendo una de
las grandes plataformas para el control parlamentario de la acción
de gobierno en una materia tan trascendente, tanto más a
destacar en una época como aquella de acusada mediatización
gubernamental sobre la «máquina electoral», especialmente a
partir de las posibilidades que brindaban al respecto la combinación
de la ley electoral de 1846 con las bases del Estado
centralista edificado sobre las leyes administrativas de 1845. 104
103 Para el conjunto de la argumentación, y ubicación de las citas reproducidas, véase
Juan Bravo Murillo, Opúsculos, op. cit., Tomo IV, págs. 313-318.
104 A este respecto, y por todos, véase M. Artola, Partidos y programas…, op. cit., Tomo
I, págs. 41-130. Significativamente, no habrían de ser en esto una excepción las prácticas
desarrolladas por el propio Ministerio Bravo Murillo en las elecciones a las Cortes de 1851,
donde la conducta observada por su Ministro de Gobernación, M. Beltrán de Lis, llevó a
que se tildara a la nueva Cámara popular de «Congreso de familia» y a provocar la presentación
de un voto de censura al Gobierno en 16 de junio de 1851, cuyo primer firmante era el
diputado Bermúdez de Castro, –primero formulado por la vía del art. 193.º del Reglamento
del Congreso–, fundamentado precisamente en aquella conducta, –aunque la moción
fue finalmente retirada por los firmantes–. Dsc, Congreso de los Diputados, Legislatura de
1851, núm. 13. Véase sobre dicha moción, Juan Ignacio Marcuello, La práctica parlamentaria
en el reinado de Isabel II, op. cit., págs. 215-16.
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