LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Juan Ignacio Marcuello Benedicto
documentos de tanta importancia», complementada, de seguido,
por una Real Orden por la que se suprimían dos Cátedras
del Ateneo de Madrid, –la de «historia, origen y progresos de
los Gobiernos representativos» y la de «elocuencia»–, bajo el
pretexto de que en ellas se habían «tratado materias políticas
extrañas al objeto de su institución». Disposiciones que serían
la antesala de la casi inmediata Real Orden de 7 de diciembre,
sujetando a autorización gubernativa las «reuniones políticas-juntas
electorales», que habitualmente venían celebrando
los partidos políticos en el curso de los procesos electorales.
Fue en este abigarrado conjunto de considerandos y disposiciones
simultáneas en el que se produjo la publicación oficial
de los proyectos de Reforma como tales, en que se perseveraba
en la vía de la autorización legislativa para su planteamiento. En
la perspectiva de las inminentes elecciones para las nuevas Cortes,
de indudable carácter arbitral, y manifestada la voluntad
del Gobierno de someter a las mismas dichos proyectos, tratando
de vedar, eso sí, la habitual intermediación de la prensa
periódica y de los partidos en los procesos electorales, es lo que
ha hecho que se interpretase habitualmente como un designio
del Gobierno Bravo Murillo el de apelar a un horizonte cercano
al referéndum para sacar adelante la estructura y contenido material
de la proyectada reforma; con la consideración aneja de
ser, quizás, aquel designio un particular eco de las prácticas de
autoritarismo plebiscitario emprendidas en Francia por Luis
Napoleón desde el golpe de Estado de 2 de diciembre de 1851,
proceso de formación de la Constitución de 14 de enero de
1852, y subsiguiente camino al II Imperio. En nuestro caso, y
como es bien sabido, el Ministerio Bravo Murillo no alcanzaría
a conocer el veredicto de las urnas. La pérdida de la confianza
regia a los pocos días provocaría su caída en 13 de diciembre de
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