LOS PROYECTOS DE REFORMA POLÍTICA DE BRAVO MURILLO EN PERSPECTIVA

Conservadurismo autoritario y antiparlamentarismo...
una renta líquida anual de 1500 reales procedentes de «predios
propios, rústicos o urbanos, o de ganados de cualquier
especie,…» (art 7.º); pero la nota quizás más característica de
dicha norma había sido el ampliar el cuerpo electoral con una
particular lectura política del concepto de propietario, tendente
a integrar en el mismo a aquellos sectores en que, aunque no
propietarios en el estricto sentido del término, podía presumir
el partido progresista radicaban sus bases sociales, bien por afinidad
de ideario, bien por ser sus intereses el objeto principal
de su legislación desamortizadora. Así, se habían introducido
en el mismo a las llamadas genéricamente capacidades, siempre,
eso sí, con garantías de solvencia económica, concediéndose el
derecho electoral a los que acreditasen la renta anual de 1500
reales procedentes de «…cualquiera profesión para cuyo ejercicio
exijan las leyes estudios y exámenes preliminares» (art. 7.º,
2); a este respecto, ya la Comisión de las Cortes Constituyentes
que formó el originario proyecto de aquella ley, y donde figuraban
prohombres del Progreso como el antiguo doceañista A.
Argüelles o Salustiano Olózaga, al extender su Dictamen se había
referido a aquellas, significativamente, como «propiedad intelectual»,
ejercitantes de profesiones «…como las de abogados,
médicos, cirujanos…, que no pudiendo ejercerse sin estudios y
exámenes preliminares, suponen la anticipación de un capital
bastante considerable, y que no será justo ni prudente eliminar
del movimiento político». 132 Junto a ellas se incluía a los labradores
arrendatarios que pagasen una renta de arrendamiento
que no bajara de 3000 reales, o que acreditasen la tenencia de
«dos yuntas propias» destinadas a cultivar «…propiedad ajena
en arriendo o aparcería» (art. 7.º, 3); sector al que la Comisión
132 Dictamen en Dsc, Cortes Constituyentes de 1836-37, Apéndice a la sesión de 30 de
noviembre de 1836. Recogido y comentado por Joaquín Tomás Villarroya en su preciso,
e imprescindible, estudio: «El cuerpo electoral en la ley de 1837», Revista del Instituto de
Ciencias Sociales, Barcelona: 1964-65, págs. 157-205.
- 147 -