AMNISTÍA INTERNACIONAL

en 2025. El plan definía como “niño o niña”
a las personas menores de 18 años, y
consideraba que el término “matrimonio”
incluía todas las formas de unión entre un
hombre y una mujer, ya fueran celebradas
por un funcionario público o por un líder
tradicional o religioso. Sin embargo, persistía
una profunda preocupación por el marco
jurídico y las deficiencias en la aplicación de
la ley.
1. Coerced and denied: Forced marriages and barriers to contraception
in Burkina Faso (AFR 60/3851/2016)
BURUNDI
República de Burundi
Jefe del Estado y del gobierno: Pierre Nkurunziza
La crisis política era menos abiertamente
violenta, aunque continuaron las graves
violaciones de derechos humanos, entre
ellas homicidios ilegítimos, desapariciones
forzadas, tortura y otros malos tratos y
detenciones arbitrarias. Aumentó la
violencia contra las mujeres y las niñas. Se
reprimió el derecho a la libertad de
expresión y de asociación. A raíz del
aumento de la represión y la impunidad sin
trabas, se instaló un clima de temor en la
capital y otros lugares. Al terminar el año,
unos tres millones de personas necesitaban
asistencia humanitaria debido a la crisis
política, el hundimiento de la economía y
una serie de desastres naturales.
INFORMACIÓN GENERAL
La crisis política originada por la decisión del
presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a
un tercer mandato se endureció cada vez
más y estuvo acompañada de un
agravamiento de la crisis socioeconómica.
Las iniciativas de mediación bajo los
auspicios de la Comunidad de África Oriental
se estancaron, pese a la designación como
mediador del ex presidente de Tanzania,
Benjamin Mkapa, en marzo. La Comisión
Nacional para el Diálogo entre las Partes
Interesadas de Burundi informó de que la
mayoría de los participantes había pedido
reformas constitucionales, entre ellas la
supresión de la limitación de mandatos.
Dado que muchos burundeses estaban en el
exilio o temían expresar su disidencia, las
conclusiones de la Comisión corrían el riesgo
de ser sesgadas.
La Unión Africana renunció a desplegar la
fuerza de protección propuesta en diciembre
de 2015 y decidió enviar en su lugar una
delegación de cinco jefes de Estado y de
gobierno africanos a Burundi en febrero. En
julio, el Consejo de Seguridad de la ONU
autorizó el despliegue de hasta 228 agentes
de policía, medida que fue rechazada por el
gobierno.
En mayo, el Tribunal Supremo condenó en
apelación a cadena perpetua a 21 oficiales
del ejército y de la policía por su
participación en el golpe de Estado fallido de
mayo de 2015. Otros 5 fueron condenados a
dos años y 2 fueron absueltos. Las condenas
eran más severas que las impuestas en
enero.
El 20 de agosto, el general Evariste
Ndayishimiye fue elegido secretario general
del partido gobernante, Consejo Nacional
para la Defensa de la Democracia-Fuerzas
para la Defensa de la Democracia (CNDD-
FDD).
Tras varios meses de consultas, en marzo
la Unión Europea decidió suspender el apoyo
económico directo al gobierno en espera de
revisiones periódicas. En octubre, la Unión
Europea consideró que los compromisos
propuestos por el gobierno para abordar sus
preocupaciones eran insuficientes para
reanudar el apoyo económico directo. La
Unión Europea renovó las sanciones
impuestas a cuatro hombres por considerar
que “compromet[ían] la democracia u
obstaculiza[ban] la búsqueda de una
solución política a la crisis de Burundi”, al
incitar a actos de represión contra
manifestaciones pacíficas o participar en el
fallido golpe de Estado. Asimismo, Estados
Unidos impuso sanciones a otras 3 personas,
lo que elevó a 11 el total de sancionados por
este país.
122 Informe 2016/17 Amnistía Internacional