AMNISTÍA INTERNACIONAL

eran especialmente duras en una celda
subterránea del servicio de inteligencia
militar en la que los detenidos carecían de
acceso a la luz natural y a instalaciones
sanitarias.
Elias Waya Nyipouch, ex gobernador del
estado de Wau, fue detenido en su domicilio
el 26 de junio y recluido en el cuartel militar
de Giyada, en Yuba. El 21 de octubre lo
trasladaron al cuartel de Bilpam, situado en
la misma ciudad. Al finalizar el año estaba
recluido sin cargos ni juicio.
FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Las violaciones y abusos contra el derecho
internacional humanitario y de los derechos
humanos no se investigaban de forma creíble
ni se enjuiciaban en juicios con las debidas
garantías ante tribunales civiles. Según
informes, algunos delitos cometidos por
soldados gubernamentales contra la
población civil fueron juzgados ante
tribunales militares, a pesar de que la Ley del
Ejército de Liberación Popular de Sudán, de
Sudán del Sur, atribuía a los tribunales civiles
la competencia de enjuiciar los delitos
cometidos por militares contra la población
civil.
Aunque el acuerdo de paz contemplaba la
creación de un tribunal híbrido para Sudán
del Sur a cargo de la Comisión de la Unión
Africana, apenas hubo avances en ese
sentido. Asimismo, se avanzó poco en la
creación de una comisión de la verdad, la
reconciliación y la curación, y de una
autoridad de indemnizaciones y
reparaciones, órganos contemplados también
en dicho acuerdo.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Tal como venía ocurriendo desde el inicio del
conflicto, siguió reduciéndose el espacio para
que periodistas y defensores y defensoras de
los derechos humanos realizaran su trabajo
con libertad. Las autoridades, especialmente
el Servicio de Seguridad Nacional, siguieron
hostigando e intimidando a periodistas, a
quienes citaban para interrogatorios y
detenían y recluían arbitrariamente.
Numerosos periodistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos habían
huido de Sudán del Sur por haber percibido
riesgos para la seguridad.
Joseph Afandi, periodista que trabajaba en
Yuba en el periódico El Tabeer, había sido
detenido por el Servicio de Seguridad
Nacional el 23 de diciembre de 2015 por
criticar en un artículo el historial de derechos
humanos del Movimiento de Liberación
Popular de Sudán. Estuvo recluido en
régimen de incomunicación en la Jefatura
del Servicio en Yuba hasta que quedó en
libertad en febrero. Sufrió tortura y otros
malos tratos bajo custodia.
Alfred Taban, periodista y redactor jefe del
periódico Juba Monitor, publicó un artículo
de opinión el 15 de julio en el que decía que
tanto Machar como Kiir habían “fracasado
completamente” y “no debían permanecer
en sus cargos”. Al día siguiente fue detenido
por agentes del Servicio de Seguridad
Nacional y recluido en la Jefatura de Yuba
durante una semana. Luego fue transferido a
custodia policial y acusado formalmente de
“publicar o comunicar afirmaciones falsas
perjudiciales para Sudán del Sur” y de
“socavar la autoridad del presidente o
insultarlo”. Quedó en libertad con fianza el
29 de julio. Al terminar el año no se había
fijado fecha para el juicio.
El 12 de septiembre, el Servicio de
Seguridad Nacional convocó al personal del
periódico Nation Mirror y les mostró una
carta en la que se ordenaba “la clausura del
periódico porque habían incurrido en
actividades incompatibles con su condición”.
La orden se dictó después de la publicación
de un artículo de opinión en el que se
condenaba la corrupción dentro de las
fuerzas armadas y de otro artículo sobre
denuncias de corrupción contra autoridades
gubernamentales.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
En febrero se promulgaron dos leyes que
regulaban las actividades de las ONG. La
legislación restringía el derecho a la libertad
de asociación al exigir la inscripción en
registro de todas las ONG y prohibía operar a
las que no estuvieran registradas. La
422 Informe 2016/17 Amnistía Internacional