AMNISTÍA INTERNACIONAL

no abordaban disposiciones
discriminatorias. No se investigó de forma
efectiva el uso de la tortura y de fuerza
innecesaria o excesiva contra manifestantes
en la región del Terai. Se avanzó poco a la
hora de impartir justicia por las graves
violaciones de derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado.
Pese a la nueva política del gobierno que
regulaba el sector, las agencias de
contratación continuaron explotando a
trabajadores y trabajadoras migrantes.
Persistía la discriminación por motivos de
género, casta, clase social, origen étnico,
orientación sexual, identidad de género y
religión. No se ofrecía protección adecuada
a las mujeres y las niñas contra la violencia
de género.
DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
Cientos de miles de personas afectadas por
el terremoto de abril de 2015 siguieron
viviendo en refugios temporales. La Autoridad
Nacional de Reconstrucción empezó a
trabajar en enero, aunque la reconstrucción
comenzó oficialmente en abril. En diciembre
se habían valorado ya con precisión los
daños sufridos por las viviendas de 11 de los
14 distritos más afectados. La distribución de
subvenciones para la reconstrucción de
viviendas sufrió retrasos, y las personas
afectadas preveían que tendrían que soportar
otra estación fría sin disponer de alojamiento
básico y otros servicios esenciales. En
septiembre, el primer ministro Dahal anunció
un incremento de las subvenciones de 1.850
a 2.800 dólares estadounidenses,
aproximadamente, que fue aprobado por el
Consejo de Ministros a finales de diciembre.
En julio, el Comité de los Derechos del
Niño de la ONU expresó su preocupación por
las repercusiones del terremoto en los
derechos de la infancia y por el número de
niños y niñas desplazados que vivían en
campos para personas internamente
desplazadas o en asentamientos informales,
sin acceso adecuado a alimentos, agua
potable, saneamiento, atención médica o
educación.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
No se investigó de forma efectiva el uso de la
tortura y de fuerza innecesaria o excesiva
contra manifestantes en la región del Terai.
Grupos madhesíes y de otras comunidades
marginadas del Terai siguieron protestando
contra la Constitución de 2015 y su reforma
de enero, que, según afirmaban, los
discriminaba y les negaba una
representación política justa. En señal de
protesta bloquearon pasos fronterizos con
India, lo que se tradujo en una grave escasez
de combustibles, alimentos, medicinas y
materiales de construcción.
En agosto se estableció una comisión
oficial para investigar, entre otros incidentes,
la muerte de 37 manifestantes —27
hombres, 4 mujeres y 6 niños y niñas— en la
región del Terai debido al uso de fuerza
excesiva por parte de las fuerzas de
seguridad. Sin embargo, los avances de la
comisión fueron escasos.
DERECHOS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MIGRANTES
La regulación de las contrataciones seguía
siendo deficiente y permitía que se
cometieran abusos generalizados contra los
derechos de las personas migrantes. Tras
pagar comisiones abusivas para conseguir un
contrato, las personas nepalíes que
trabajaban en el extranjero se veían
expuestas a servidumbre por deudas, trata
de mano de obra y trabajo forzoso. Las
restrictivas leyes sobre migración laboral y la
mala aplicación de la legislación facilitaban
los abusos contra la población migrante en
los países de destino. En escasas ocasiones
se investigó o procesó a agentes o agencias
privadas locales por estos abusos.
La legislación y las políticas sobre
migración laboral eran ineficaces, y se
observaron pocas mejoras en los
mecanismos de protección de los
trabajadores y trabajadoras migrantes. El
sistema de contratación sin cobro de
comisiones establecido por el gobierno fue,
en general, un fracaso, ya que no se aplicó ni
supervisó correctamente.
326 Informe 2016/17 Amnistía Internacional