AMNISTÍA INTERNACIONAL

que la mayoría de las personas solicitantes
permanecieran en centros de alojamiento
mientras esperaban para entrar en Hungría
en función de una lista de espera informal
coordinada entre los propios solicitantes de
asilo y las autoridades serbias y húngaras,
respectivamente. Algunos de los centros de
alojamiento nominalmente abiertos imponían
restricciones a la libre circulación de las
personas solicitantes de asilo y en la práctica
eran lugares de detención arbitraria.
Desde el 22 de julio, una fuerza policial
fronteriza internacional patrullaba las
fronteras con Macedonia y Bulgaria, por lo
que hubo un brusco descenso del número
de personas refugiadas y migrantes que
llegaban a Serbia. Según el Ministerio de
Defensa, hasta final de noviembre se había
impedido la entrada al país a más de 16.000
personas. Las autoridades no desplegaron
sistemáticamente a personal civil
debidamente formado junto a la guardia
fronteriza para garantizar la posibilidad de
declarar en la frontera la intención de
solicitar asilo, conforme exigían la legislación
serbia y el derecho internacional.
Las autoridades serbias confirmaron la
suspensión del acuerdo de readmisión con
su vecino del norte, Hungría. Miles de
personas devueltas por las autoridades
húngaras a pesar de la suspensión
continuaban atrapadas en Serbia, sin
condición jurídica y sin acceso a servicios
básicos.
Entre enero y final de año se presentaron
más de 12.000 solicitudes de asilo, pero
hasta final de octubre sólo se habían emitido
74 decisiones. Se reconoció la condición de
persona refugiada a 17 solicitantes y se
concedió protección subsidiaria también a
17, mientras que se rechazó la solicitud de
40. Casi la mitad de las solicitudes fueron
presentadas por menores de edad.
KOSOVO
En abril entró en vigor el Acuerdo de
Estabilización y Asociación entre la UE y
Kosovo. En noviembre se celebró el primer
consejo entre ambas partes, que allanó el
camino para la futura adhesión de Kosovo a
la UE. La administración de facto de Kosovo
continuó siendo ejercida de manera conjunta
por las autoridades kosovares y la Misión de
la UE por el Estado de Derecho en Kosovo
(EULEX). El avance del diálogo auspiciado
por la UE entre Serbia y Kosovo siguió siendo
limitado.
Acceso a la justicia
En junio, el Grupo Consultivo de Derechos
Humanos de la Misión de Administración
Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK)
emitió un cáustico informe final en el que
condenaba la inacción general de la Misión
para garantizar rendición de cuentas por las
violaciones de derechos humanos cometidas
bajo el mandato de la UNMIK, y condenaba
asimismo que la UNMIK no aplicara ninguna
de sus recomendaciones.
Delitos de derecho internacional
La Misión de la Unión Europea por el Estado
de Derecho, EULEX, vio prorrogado su
mandato hasta junio de 2018. A pesar de
ello, anunció que no emprendería nuevas
investigaciones sobre casos de crímenes de
derecho internacional. Al final del año estaba
previsto el traspaso de varios cientos de
casos pendientes a las autoridades de
Kosovo, a pesar de que la Comisión Europea
había declarado que el poder judicial de
Kosovo era “lento” y estaba “expuesto a
influencias políticas indebidas”.
La Fiscalía Especial de Kosovo seguía sin
contar con personal suficiente y tenía
dificultades para contratar a fiscales con
formación y experiencia adecuadas para
investigar y abrir procesos por delitos de
derecho internacional, así como para poner
en marcha nuevas investigaciones.
Se establecieron en La Haya las Salas
Especiales para Kosovo, un tribunal especial
trasladado para procesar a ex miembros del
Ejército de Liberación de Kosovo. Al final del
año, la fiscalía especial aún no había dictado
las primeras actas de acusación formal. El
Consejo de la Unión Europea destinó 29
millones de euros a apoyar la creación y el
funcionamiento de este tribunal desde abril
de 2016 hasta junio de 2017.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 391