AMNISTÍA INTERNACIONAL

VIGILANCIA
En noviembre se promulgó la Ley de Poderes
de Investigación, que revisaba la
fragmentada legislación nacional existente
sobre vigilancia. La nueva ley ampliaba las
atribuciones de las autoridades públicas para
acceder a información y comunicaciones
privadas dentro y fuera de Reino Unido.
Permitía un amplio conjunto de imprecisas
prácticas de interceptación, interferencia y
retención de datos, e imponía nuevos
requisitos a las empresas privadas, al tiempo
que facilitaba la vigilancia gubernamental
mediante la creación de “registros de
conexión a Internet”. La nueva ley no incluía
el requisito de una autorización judicial
previa y clara.
En octubre, el Tribunal de Poderes de
Investigación resolvió que la recopilación
secreta de datos en bloque de
comunicaciones nacionales y extranjeras y la
recopilación de “conjuntos masivos de datos
personales” habían violado el derecho a la
privacidad anteriormente, pero que ahora
eran legales.
Seguían pendientes ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos actuaciones
relativas a la legalidad del régimen de
vigilancia masiva anterior a la Ley de Poderes
de Investigación y de las prácticas de
intercambio de información secreta. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
resolvió en diciembre que la retención
general e indiscriminada de datos de
comunicaciones en aplicación de la Ley de
Conservación de Datos y Poderes de
Investigación, de 2014, no estaba permitida.
IRLANDA DEL NORTE: ASUNTOS
RELATIVOS AL LEGADO HISTÓRICO
Tanto el secretario de Estado para Irlanda del
Norte como su antecesora en el cargo
afirmaron que quienes lanzaban acusaciones
de connivencia o se centraban en las
violaciones de derechos humanos cometidas
por agentes del Estado contribuían a un
“pernicioso contradiscurso”. A las ONG que
abogaban por la rendición de cuentas en
favor de las víctimas les preocupaba que este
tipo de afirmaciones pusieran en peligro su
labor de defensa de los derechos humanos.
En noviembre, el relator especial de la
ONU sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no
repetición pidió al gobierno de Reino Unido
que abordara los patrones estructurales o
sistémicos de abusos y violaciones de
derechos humanos en lugar de basarse
exclusivamente en los planteamientos al uso
“basados en casos específicos”. El relator
especial recomendó ampliar el alcance de las
medidas para abarcar, además de los casos
de muerte, los de tortura, abuso sexual y
detención ilegítima, con un enfoque atento a
las cuestiones de género. Además, instó a
limitar los argumentos basados en la
seguridad nacional que se utilizaban para
rechazar las demandas de resarcimiento, y a
garantizar que el asunto de las reparaciones
para todas las víctimas se abordaba de
manera seria y sistemática.
El presidente de la judicatura de Irlanda
del Norte estableció un plan pormenorizado
de cinco años para resolver la acumulación
de investigaciones del pesquisidor
relacionadas con el “legado histórico”, pero
no recibió financiación del poder ejecutivo
norirlandés ni del gobierno central.
El gobierno continuó negándose a
establecer una investigación pública
independiente sobre el homicidio de Patrick
Finucane, cometido en 1989, a pesar de
haber reconocido anteriormente que había
existido “connivencia” en el caso.
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
El acceso al aborto en Irlanda del Norte
seguía limitado a situaciones excepcionales
de peligro para la vida o la salud de la mujer
o la niña embarazadas. 2 Tanto el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
como el Comité de los Derechos del Niño,
ambos de la ONU, criticaron en julio la
legislación sobre el aborto de Irlanda del
Norte, donde las mujeres se exponían a ser
procesadas si tomaban medicamentos
aprobados por la Organización Mundial de la
Salud para inducir un aborto. Se impuso una
366 Informe 2016/17 Amnistía Internacional