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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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ley tras ser rechazadas por la Cámara de<br />

Diputados. El proyecto de ley enmendado<br />

estaba pendiente ante el Senado al finalizar<br />

el año.<br />

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,<br />

BISEXUALES, TRANSGÉNERO E<br />

INTERSEXUALES<br />

En septiembre, la Comisión de Derechos<br />

Humanos del Senado aprobó el proyecto de<br />

ley de identidad de género. Era el primer<br />

paso hacia su aprobación tras tres años de<br />

debate. Al concluir el año, el proyecto seguía<br />

pendiente de aprobación en el Senado y en<br />

la Cámara de Diputados. El proyecto de ley<br />

propuesto establecía el derecho de las<br />

personas mayores de 18 años al<br />

reconocimiento legal de su identidad de<br />

género mediante la modificación del nombre<br />

y el género en documentos oficiales a través<br />

de un proceso administrativo que no incluía<br />

los requisitos existentes de cirugía de<br />

reasignación de género o presentación de<br />

certificado médico.<br />

En julio, Chile alcanzó un acuerdo de<br />

solución amistosa ante la Comisión<br />

Interamericana de Derechos Humanos en<br />

una denuncia interpuesta en nombre de tres<br />

parejas gays a las que se les había negado el<br />

derecho a contraer matrimonio. El acuerdo<br />

incluía la adopción de una serie de medidas<br />

y políticas para promover los derechos de<br />

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e<br />

intersexuales. En agosto, como parte del<br />

acuerdo, el gobierno anunció un proceso<br />

participativo con la sociedad civil, cuyo<br />

propósito era redactar un proyecto de ley<br />

para establecer la igualdad respecto al<br />

matrimonio.<br />

CHINA<br />

República Popular China<br />

Jefe del Estado: Xi Jinping<br />

Jefe del gobierno: Li Keqiang<br />

El gobierno continuó redactando y<br />

promulgando una serie de leyes nuevas<br />

relativas a la seguridad nacional que<br />

entrañaban graves amenazas para la<br />

protección de los derechos humanos. A lo<br />

largo del año continuó en todo el país la<br />

oleada de represión contra activistas y<br />

abogados y abogadas de derechos humanos.<br />

Las personas que se dedicaban al activismo<br />

y a la defensa de los derechos humanos<br />

siguieron siendo sistemáticamente<br />

vigiladas, hostigadas, intimidadas,<br />

detenidas y recluidas. La policía recluyó a<br />

un número cada vez mayor de defensores y<br />

defensoras de los derechos humanos en<br />

centros de detención no oficiales, en<br />

ocasiones sin acceso a asistencia letrada<br />

durante largos periodos, con lo que corrían<br />

peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.<br />

Aparecieron detenidos en China libreros,<br />

editores, activistas y un periodista que<br />

habían desaparecido en países vecinos<br />

entre 2015 y 2016, lo que hacía temer que<br />

los organismos chinos encargados de hacer<br />

cumplir la ley estuvieran actuando fuera de<br />

su jurisdicción. Se intensificó de manera<br />

considerable el control sobre Internet, los<br />

medios de comunicación y el entorno<br />

académico. Aumentó la represión de las<br />

actividades religiosas que no estaban<br />

directamente controladas por el Estado. La<br />

represión religiosa en forma de campañas<br />

“contra el separatismo” o “antiterroristas”<br />

siguió siendo especialmente dura en la<br />

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y en<br />

las zonas de población tibetana.<br />

NOVEDADES JURÍDICAS,<br />

CONSTITUCIONALES E<br />

INSTITUCIONALES<br />

Siguieron redactándose o promulgándose<br />

arrolladoras leyes y normativas sobre la<br />

seguridad nacional, que ampliaban las<br />

facultades de las autoridades para silenciar a<br />

la disidencia, restringir o censurar<br />

información y hostigar y procesar a los<br />

defensores y defensoras de los derechos<br />

humanos.<br />

La Ley de Gestión de Organizaciones No<br />

Gubernamentales Extranjeras debía entrar en<br />

vigor el 1 de enero de 2017, lo que<br />

dificultaría aún más el ejercicio de los ya<br />

limitados derechos a la libertad de<br />

140 Informe 2016/17 Amnistía Internacional

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