AMNISTÍA INTERNACIONAL

contribuyó a crear un efecto paralizante en la
sociedad civil.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: PERIODISTAS
El periódico Népszabadság, crítico con el
gobierno, suspendió repentinamente su
publicación en octubre, y todos sus
periodistas fueron despedidos. El cierre tuvo
lugar días antes de que la empresa fuera
vendida a un empresario próximo al
gobierno.
SISTEMA DE JUSTICIA
En junio, en la causa Baka v. Hungary, la
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos concluyó que la rescisión del
mandato del presidente del Tribunal
Supremo de Hungría por sus críticas a la
reforma legislativa era contraria al Convenio
Europeo de Derechos Humanos, ya que
violaba el primer párrafo del artículo 6
(derecho de acceso a un tribunal) y el
artículo 10 (libertad de expresión).
DISCRIMINACIÓN: ROMANÍES
En enero, un tribunal de Budapest, la capital,
dio instrucciones al Ayuntamiento de Miskolc
para que elaborara un plan de acción sobre
los residentes del barrio de las “calles
numeradas” que habían sido o iban a ser
desalojados, romaníes en su mayoría. Sin
embargo, el plan de acción sobre vivienda
sólo había previsto 30 unidades
habitacionales para las aproximadamente
100 familias afectadas, y no asignaba fondos
adicionales para alojamiento o
indemnizaciones.
En marzo, un tribunal de Eger resolvió en
primera instancia que, en el condado de
Heves, los niños y niñas romaníes eran
segregados ilegalmente en escuelas y clases
donde se impartía educación destinada a
alumnado con necesidades especiales. En
junio, la Comisión Europea abrió
procedimientos de infracción contra Hungría
por la discriminación de la comunidad
romaní en la educación.
Crímenes de odio
Persistía la falta de uniformidad en la
investigación y el enjuiciamiento de los
crímenes de odio. En enero, el Tribunal
Supremo (Curia) dictó finalmente su
sentencia en la causa de los asesinatos en
serie de romaníes, atacados selectivamente
por su origen étnico, en 2008 y 2009. Seis
personas habían sido asesinadas, entre ellas
un niño de cinco años, y varias más habían
resultado heridas. Se impuso cadena
perpetua sin posibilidad de libertad
condicional (en contravención del derecho
europeo de derechos humanos) a tres de los
acusados, y el cuarto fue condenado a 13
años de prisión.
En abril, el tribunal de apelaciones de
Debrecen revocó una sentencia dictada en
primera instancia según la cual la policía
había discriminado a la comunidad romaní
en la localidad de Gyöngyöspata al no
proteger a los residentes locales romaníes de
los grupos ultraderechistas en 2011. La
Unión Húngara por las Libertades Civiles
recurrió la decisión del Supremo.
PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
Hungría mantuvo las graves restricciones de
acceso al país para refugiados y solicitantes
de asilo y penalizó a miles de personas por
entrar irregularmente en el país cruzando las
vallas instaladas en su frontera sur. El
gobierno amplió repetidamente el “estado de
crisis por inmigración masiva” y, a pesar de
la drástica disminución del número de
personas que llegaban al país, desplegó más
de 10.000 efectivos policiales y militares a lo
largo de la frontera. Cuando terminó el año,
casi 3.000 personas habían comparecido
ante un tribunal y habían sido expulsadas por
entrada irregular en el país, sin un examen
adecuado de sus necesidades de protección.
Se aprobaron varias reformas jurídicas que
permitían la devolución inmediata de todas
las personas no húngaras en situación
irregular que fueran capturadas en la frontera
o en una extensión de hasta ocho kilómetros
hacia el interior del territorio nacional, y más
de 16.000 personas fueron rechazadas a la
228 Informe 2016/17 Amnistía Internacional