AMNISTÍA INTERNACIONAL

Perpetraron homicidios y tortura —
incluyendo violaciones— y saquearon e
incendiaron viviendas civiles. Los
enfrentamientos entre las fuerzas del
gobierno y las fuerzas aliadas de la oposición
que tuvieron lugar el 24 y 25 de junio en la
ciudad de Wau causaron el desplazamiento
de unas 70.000 personas y decenas de
muertes.
Durante los combates que tuvieron lugar
en Yuba en julio, los actores armados —
especialmente los soldados del gobierno—
perpetraron violaciones y abusos contra el
derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos, incluidos homicidios,
actos de violencia sexual y saqueos de
bienes civiles y humanitarios. Los soldados
gubernamentales también dispararon
indiscriminadamente en las proximidades de
emplazamientos de protección de civiles y,
en algunos casos, los atacaron a propósito.
Un total de 54 personas desplazadas
murieron en los emplazamientos durante los
combates, según la ONU.
El número de personas refugiadas que
habían llegado a países vecinos desde el
inicio del conflicto en diciembre de 2013
alcanzó en septiembre la cifra de un millón.
El número de personas internamente
desplazadas que buscaban protección en los
emplazamientos de protección de civiles
aumentó en el transcurso del año hasta
alcanzar 204.918 en octubre. Un total de
1,83 millones de personas continuaban
desplazadas dentro del país y 4,8 millones de
personas sufrían inseguridad alimentaria.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURA
Y OTROS MALOS TRATOS
El Servicio de Seguridad Nacional de Sudán
del Sur y la Dirección de Inteligencia Militar
del ejército nacional continuaron sometiendo
a presuntos opositores del gobierno a
detención arbitraria, prolongada y, en
algunos casos, incomunicada, así como a
desaparición forzada. En numerosos centros
de detención se infligían tortura y otros malos
tratos a las personas detenidas.
El Servicio de Seguridad Nacional recluyó
a más de 30 hombres en un centro de
detención de dos plantas albergado en su
Jefatura, en el barrio de Jebel (Yuba). Los
hombres fueron detenidos tras ser acusados
de apoyar al SPLA/M-IO, pero no se
presentaron cargos formales en su contra ni
comparecieron ante los tribunales. Ninguno
de ellos había tenido acceso a asistencia
letrada al terminar el año. El Servicio les
restringió el acceso a familiares y no les
proporcionó una atención médica adecuada.
Algunos fueron sometidos a palizas y otras
formas de agresiones físicas, especialmente
durante los interrogatorios o como castigo por
incumplir las normas de detención internas.
Varios llevaban recluidos más de dos años.
El Servicio de Seguridad Nacional
mantenía recluido arbitrariamente sin cargos
ni juicio a George Livio —periodista de la
emisora de la ONU Radio Miraya— en Yuba,
a quien había detenido en Wau el 22 de
agosto de 2014. El Servicio rechazó las
solicitudes de su abogado para reunirse con
él y restringió el acceso del periodista a sus
familiares.
Loreom Joseph Logie, que llevaba
detenido de forma arbitraria por el Servicio
de Seguridad Nacional desde septiembre de
2014, murió el 17 de julio. Antes de morir
había padecido una teniasis que, por falta de
tratamiento, le había causado daños
hepáticos.
Al menos entre noviembre de 2015 y
mayo de 2016, se utilizó un centro de
detención de una base militar situada en
Gorom, a unos 20 kilómetros de Yuba, para
recluir, sin cargos ni juicio, a soldados y
civiles presuntamente vinculados a la
oposición. Eran recluidos en contenedores
metálicos de transporte de mercancías
escasamente ventilados donde recibían
alimentos sólo una o dos veces por semana y
agua potable en cantidad insuficiente.
Muchos detenidos en este centro murieron
como consecuencia de las duras
condiciones; otros fueron sometidos a
ejecuciones extrajudiciales.
En el cuartel militar de Giyada, en Yuba, se
seguían llevando a cabo detenciones
arbitrarias y en régimen de incomunicación,
torturas y desapariciones. Las condiciones
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 421