AMNISTÍA INTERNACIONAL

El 12 de enero, el comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa denunció
que los tribunales tendían a aprobar la
detención de los miembros del Movimiento
Nacional Unido o a imponerles penas
privativas de libertad, mientras que en casos
similares relativos a activistas favorables al
gobierno ordenaban la libertad con fianza o
el pago de multas.
El 16 de mayo, el Tribunal Municipal de
Tiflis dictó sentencia condenatoria contra
cinco ex altos cargos del Ministerio de
Defensa —nombrados por el ex ministro de
Defensa Irakli Alasania, quien se había
convertido desde entonces en una figura
clave de la oposición— por “malversar” 4,1
millones de laris (aproximadamente 2,1
millones de dólares estadounidenses) y les
impuso sendas penas de siete años de
prisión. Los cinco fueron declarados
culpables a pesar de que el fiscal no había
probado suficientemente la existencia de
“intención dolosa”, elemento que debía
concurrir para que pudiera imputárseles ese
delito.
El 10 de junio, el Tribunal de Apelaciones
de Tiflis confirmó la sentencia de 2015 del
Tribunal Municipal que devolvía la propiedad
del canal de televisión Rustavi 2, afín a la
oposición, a su antiguo dueño. Éste había
reclamado alegando que había vendido la
empresa hacía más de diez años por las
presiones del gobierno, que era entonces del
Movimiento Nacional Unido. El
procedimiento judicial tuvo lugar cuando los
hechos ya habían prescrito, y la opinión
general era que el actual gobierno lo había
respaldado con el fin de privar al Movimiento
Nacional Unido de su principal vocero antes
de las elecciones parlamentarias.
El 14 de junio, en la causa Merabishvili v.
Georgia, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos determinó que la prolongación
reiterada de la detención del demandante en
espera de ser juzgado por cargos de
corrupción había sido irrazonable y había
servido para tener una oportunidad más de
impulsar la investigación, ajena al caso, de la
muerte del ex primer ministro Zurab Zhvania
y las actividades financieras del ex presidente
Mijeíl Saakashvili.
El 21 de julio, el presidente del Tribunal
Constitucional afirmó que algunos de sus
jueces habían recibido presiones de las
autoridades para retrasar sentencias o fallar
en su favor en casos de gran repercusión. La
Fiscalía inició una investigación sobre estas
denuncias el 1 de agosto.
LIBERTAD DE REUNIÓN
En general no había restricciones al derecho
a la libertad de reunión pacífica, aunque
hubo algunos incidentes de violencia por
motivos políticos perpetrada por partidarios
de Sueño Georgiano y, en ocasiones, del
Movimiento Nacional Unido contra sus
rivales.
El 22 de mayo, alrededor de una decena
de hombres no identificados agredieron a un
grupo de miembros destacados del
Movimiento Nacional Unido en un colegio
electoral de la localidad de Kortskheli. Según
testigos presenciales, el ataque parecía
organizado. En unas imágenes del incidente
se veía a los hombres propinar puñetazos a
las víctimas, tirarlas al suelo y golpearlas con
palos. En el lugar de los hechos había varios
agentes de policía que no evitaron el ataque
ni impidieron que los agresores se
marcharan. El 1 de junio, seis hombres
fueron declarados culpables de vandalismo
en relación con el ataque y quedaron en
libertad con fianza.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El 15 de febrero, el Parlamento rechazó un
proyecto de ley que convertía en infracción
administrativa los “insultos contra los
sentimientos religiosos”. El proyecto de ley
había sido aprobado por la Comisión
Parlamentaria de Derechos Humanos y tenía
por objeto, entre otras cosas, sancionar las
críticas contra líderes religiosos.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El 9 de agosto, el presidente Margvelashvili
rechazó someter a referéndum una
210 Informe 2016/17 Amnistía Internacional