AMNISTÍA INTERNACIONAL

1. Farmers and truck drivers imprisoned for a peaceful protest against
corruption (EUR 46/4760/2016)
2. Peligra la salud de una víctima de juicio injusto (EUR 46/4398/2016)
3. Fast-track to torture. Abductions and forcible returns from Russia to
Uzbekistan (EUR 62/3740/2016); La devolución de un solicitante de
asilo de Rusia a Uzbekistán es una violación flagrante del derecho
internacional (EUR 62/4488/2016)
FILIPINAS
República de Filipinas
Jefe del Estado y del gobierno: Rodrigo Roa Duterte
(sustituyó a Benigno S. Aquino III en junio)
El gobierno lanzó una campaña de
represión contra las drogas que se cobró la
vida de más de 6.000 personas. Hombres
armados no identificados y milicias
armadas atacaron y mataron a periodistas y
a defensores y defensoras de los derechos
humanos. La policía continuó empleando
fuerza innecesaria y excesiva. En una
sentencia histórica, los tribunales
condenaron por primera vez a un agente de
policía en aplicación de la Ley contra la
Tortura de 2009.
INFORMACIÓN GENERAL
En septiembre, Filipinas accedió a ocupar la
presidencia de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) durante 2017.
En noviembre estallaron protestas en las
calles cuando los restos del ex presidente
Ferdinand Marcos —durante cuya
presidencia proliferaron las violaciones de
derechos humanos— se trasladaron al
Cementerio de los Héroes con el beneplácito
del presidente del país. El Comité contra la
Tortura, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, de la ONU, sometieron a examen a
Filipinas.
HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS
En junio, el gobierno lanzó una campaña de
represión contra las drogas que se tradujo en
una oleada de homicidios ilegítimos
perpetrados en el país, muchos de los cuales
podrían haber constituido ejecuciones
extrajudiciales. 1 Estos homicidios tuvieron
lugar tras la elección del presidente Duterte,
que había apoyado públicamente en
repetidas ocasiones la detención y el
homicidio de personas sospechosas de
consumo o venta de drogas. No se supo que
se hubieran presentado cargos contra ningún
agente de policía o particular por las más de
6.000 muertes que se habían producido a lo
largo del año. Testigos y familiares de las
víctimas se mantenían en silencio por temor
a las represalias.
Según la información recibida, la mayoría
de las víctimas eran varones jóvenes, algunos
de ellos sospechosos de consumo o venta de
pequeñas cantidades de metanfetamina.
Una de ellas fue el alcalde de Albuera,
Ronaldo Espinosa, que murió abatido a tiros
en su celda mientras efectuaban un registro
en ella. El presidente Duterte se había
referido a él públicamente como un
destacado narcotraficante. Pese a que la
Oficina Nacional de Investigación recomendó
en las conclusiones de sus pesquisas
presentar cargos contra los agentes de
policía presuntamente responsables, el
presidente prometió proteger a la policía.
Según informes, a consecuencia de la
llamada “guerra contra las drogas”, al menos
800.000 personas “se entregaron” a las
autoridades por temor a sufrir persecución
por presuntos delitos de drogas. Esto hizo
que las cárceles se masificaran aún más,
agravando lo que ya constituía un gran
problema.
Los periodistas siguieron corriendo peligro,
y al menos tres murieron en el desempeño
de su actividad. En mayo, un hombre
armado no identificado mató de un disparo
en la cabeza a Alex Balcoba, periodista
especializado en sucesos de la publicación
People’s Brigada, ante la tienda de su familia
en el distrito de Quiapo de la capital, Manila.
Las familias de las víctimas conmemoraron el
séptimo aniversario de la matanza de
Maguindanao, en la que murieron 58
personas, 32 de ellas periodistas. Al concluir
el año, nadie había rendido cuentas por estas
muertes.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 199